La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 dio luz verde en primera discusión al proyecto de Ley Orgánica “Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperial y por la defensa de Venezuela”.
Esta iniciativa legislativa, presentada como una respuesta directa a la Ley HR 825, también conocida como Ley Bolívar, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, busca contrarrestar las sanciones y medidas que, según el gobierno de Nicolás Maduro, intentan someter a la nación.
“Cada vez que intenten agredir responderemos con una sonrisa pero con fiereza. No le vamos a permitir ni una más a esas ratas del imperio”, declaró el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, tras la votación unánime realizada el 21 de noviembre. Rodríguez estableció un plazo de una semana para culminar la redacción del texto legal antes de su segunda discusión.
El proyecto, presentado por el diputado oficialista Carlos Mogollón, busca sancionar a funcionarios, dirigentes y ciudadanos que, según el criterio del Estado, colaboren o promuevan sanciones en perjuicio del pueblo venezolano. Mogollón señaló que esta propuesta responde al “clamor” popular frente a lo que calificó como crímenes de lesa humanidad derivados de las medidas internacionales.
Ejes principales del proyecto
La iniciativa consta de 18 artículos, entre los cuales se contempla la inhabilitación política y administrativa por un periodo equivalente al doble de la máxima pena aplicable a quienes se asocien con agentes extranjeros para imponer sanciones al país. Según Jorge Rodríguez, esta inhabilitación debería ser de carácter perpetuo.
Además, Mogollón destacó que la ley facilitará la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio contra quienes promuevan o apoyen las sanciones. El artículo 2 del proyecto establece que si un acusado evade el proceso judicial, se le asignará un defensor público, y, en caso de no comparecer, será juzgado en ausencia.
La diputada Iris Varela también se sumó al debate, proponiendo medidas adicionales para quienes sean hallados culpables de “traición a la patria”, como la anulación de documentos de identificación y registros empresariales. Aclaró que estas inhabilitaciones no violan la Constitución, ya que no implican penas de prisión.
Respaldo de la oposición
Sorprendentemente, el bloque opositor también apoyó el proyecto. El diputado José Gregorio Correa, en representación de la Alianza Democrática, expresó que las sanciones no solo afectan a las élites gubernamentales, sino también a la ciudadanía en general. “¿Sanciones para quiénes? Para personas que no tienen nada que ver con la vida pública”, aseguró Correa mientras calificaba la ley como necesaria y oportuna.
El parlamentario también criticó a los dirigentes opositores que han promovido sanciones desde el extranjero, acusándolos de buscar participar en las elecciones regionales de 2025. “Esos mismo que deambulan por Altamira, Los Palos Grandes, van a querer el año que viene van a decir que quieren ser gobernadores porque quieren montarse en una oda del pasado”, afirmó desde la tribuna.
Con esta aprobación inicial, el chavismo avanza en su estrategia para consolidar herramientas legales destinadas a enfrentar las sanciones internacionales y penalizar a quienes, según su narrativa, atenten contra la soberanía del país. La segunda discusión de la ley se espera en los próximos días.