La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha ratificado la condena de cinco años y tres meses de prisión contra César Mauricio Velásquez, exjefe de prensa de la Casa de Nariño, y Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de la Presidencia, por su participación en el escándalo de las «chuzadas» del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Ambos exfuncionarios fueron hallados culpables de concierto para delinquir al coordinar una campaña de desprestigio contra magistrados de la Corte Suprema y opositores políticos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Tras la emisión de la sentencia, se desconoce el paradero de Velásquez y Del Castillo, lo que ha llevado a las autoridades a emitir órdenes de captura en su contra. Según fuentes cercanas a la investigación, uno de ellos podría estar en Roma, aprovechando conexiones diplomáticas previas. Esta situación refleja un patrón recurrente entre los colaboradores del expresidente Uribe, quienes, al enfrentar condenas judiciales, suelen evadir la justicia y buscar refugio en el extranjero.
Colaboradores de Uribe se perseguidos por la justicia
Bernardo Moreno Villegas, exsecretario general de la Presidencia durante el mandato de Uribe, fue condenado a cinco años de prisión por tráfico de influencias en el caso de la «Yidispolítica«. Aunque inicialmente logró eludir la justicia, finalmente fue capturado para cumplir su condena.
Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz en los gobiernos de Uribe, se enfrenta a cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal y tráfico y porte ilegal de armas, relacionados con la falsa desmovilización de 62 supuestos integrantes del frente Cacica Gaitana de las FARC en marzo de 2006. Restrepo huyó del país y permanece prófugo, presuntamente protegido por redes de apoyo tanto en Colombia como en el exterior.
María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, fue condenada por su participación en las interceptaciones ilegales conocidas como «chuzadas». Solicitó asilo en Panamá para evadir la justicia colombiana, aunque posteriormente fue deportada y cumplió parte de su condena.
Estos casos evidencian una tendencia preocupante: varios exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe, al ser llamados a rendir cuentas por sus acciones, han optado por huir del país, aprovechando conexiones políticas y diplomáticas para evitar el cumplimiento de sus penas. Esta situación plantea serias preguntas sobre la eficacia del sistema judicial colombiano y la capacidad del Estado para garantizar que sus decisiones se ejecuten de manera efectiva.
La evasión de la justicia por parte de estos exfuncionarios no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa la impunidad, debilitando el estado de derecho en Colombia. Mientras observamos con preocupación estos acontecimientos, que reflejan las dificultades del país en la lucha contra la corrupción y para asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su posición o conexiones, respondan por sus actos ante la ley. ESTRELLA DIGITAL continuará investigando y denunciando estos casos, comprometidos con la transparencia y la justicia, fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Colombia.
Reanudación del juicio contra Álvaro Uribe Vélez: un paso más hacia la impunidad