El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves, 12 de diciembre de 2024, una proposición no de ley presentada por el Partido Popular (PP) para que el Gobierno de Pedro Sánchez solicite una orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La iniciativa salió adelante con el respaldo de Vox y la abstención de Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), a pesar del rechazo de PSOE, Sumar y Podemos.
La propuesta insta al Ejecutivo español a adherirse a una demanda presentada en 2018 ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) y a dirigirse a su sala de cuestiones preliminares para exigir avances en la situación venezolana. Asimismo, pide que se emita una orden de arresto contra Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad.
Rechazo del PSOE y sus aliados
El PSOE, junto con sus socios de coalición Sumar y Podemos, votó en contra de la iniciativa. Argumentaron que estas acciones podrían interpretarse como una injerencia en la independencia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el PP logró el apoyo necesario para que el Congreso solicite al gobierno español una postura más firme frente al régimen de Maduro.
Entre las exigencias aprobadas se encuentra la publicación de un comunicado oficial dirigido a Nicolás Maduro, en el que se le demande el “cese inmediato” de la represión contra los ciudadanos venezolanos, así como la liberación de presos políticos y de todas las personas detenidas de manera arbitraria.
Además, el gobierno deberá presentar al congreso un informe detallado, en el plazo de un mes, sobre las acciones realizadas por la embajada de España en Caracas. Este informe deberá centrarse en las gestiones llevadas a cabo en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Significado de la decisión
La iniciativa del PP también busca presionar a la Corte Penal Internacional para que avance en las investigaciones relacionadas con la crisis venezolana, con un enfoque especial en los crímenes de lesa humanidad que se han denunciado en el país.
Aunque la proposición no es vinculante, su aprobación refleja la creciente presión política en España para abordar la situación en Venezuela de manera más enérgica. La división entre los partidos del Congreso, sin embargo, evidencia las diferencias en la estrategia para tratar con el régimen de Nicolás Maduro y sus implicaciones en la política exterior española.
Así, el Congreso se posiciona nuevamente como un actor crítico respecto a la situación en Venezuela, exigiendo tanto responsabilidad internacional como una respuesta contundente por parte del gobierno de Pedro Sánchez.