El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá el próximo 10 de enero ante el juez Juan Merchan para escuchar la sentencia por el caso del presunto soborno a la exactriz de cine para adultos Stephanie Clifford, conocida como ‘Stormy Daniels’. El dictamen de la sentencia tendrá lugar apenas diez días antes de que Trump asuma su segundo mandato presidencial, sembrando un clima de alta tensión política y mediática.
El polémico caso gira en torno a un pago de 130.000 dólares realizado en 2016 para garantizar el silencio de Daniels sobre una supuesta relación extramatrimonial. En este sentido, el juez Merchan responsabilizó a Trump el pasado abril de falsificar documentos para ocultar este pago, en un caso que involucró un total de 34 cargos. Aunque Trump ya fue declarado culpable en mayo, la sentencia oficial se postergó debido a las apelaciones de la defensa y los debates sobre su posible inmunidad presidencial.
Desde entonces, el equipo legal de Trump ha intentado desestimar el caso, alegando que, según la doctrina de inmunidad presidencial reconocida por el Tribunal Supremo, el expresidente no puede ser procesado por actos oficiales relacionados con sus funciones. No obstante, Merchan ha desestimado este argumento, subrayando que la inmunidad no es aplicable en este caso, ya que los hechos investigados ocurrieron antes de que Trump asumiera su primer mandato en 2017.
El juez también adelantó que la sentencia no impondrá una pena de prisión, a pesar de que está autorizada por la ley. En su lugar, Trump podría enfrentar alternativas como la libertad condicional o el pago de multas. “Parece apropiado en esta coyuntura hacer saber la inclinación de esta Corte a no imponer una sentencia de cárcel”, explicó Merchan, justificando su decisión en consideraciones prácticas.
Trump denuncia un “ataque político ilegítimo” en su contra
En respuesta a la decisión del juez, el portavoz de campaña de Trump y futuro director de Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificó el fallo como una “violación directa al fallo de inmunidad”, acusando al fiscal de Manhattan de llevar a cabo una «caza de brujas». Asimismo, en un comunicado, Cheung insistió en que “se debe permitir que el presidente Trump continúe con el proceso de transición presidencial y ejecute los deberes vitales de la presidencia sin obstáculos”.
Por su parte, el propio Trump arremetió contra el juez Merchan en su red social Truth Social, describiendo el proceso como un “ataque político ilegítimo” y una “farsa amañada”. “El juez ‘en funciones’ Merchan, que es un partidista radical, acaba de emitir otra orden que es ilegal a sabiendas, va en contra de nuestra Constitución y, si se permite que se mantenga, sería el fin de la Presidencia tal como la conocemos”, escribió el mandatario electo.
Trump también denunció la orden de silencio impuesta en su contra, calificándola como una “despreciable violación de la Primera Enmienda”. “Es hora de poner fin a la Lawfare de una vez por todas, para que podamos unirnos como una nación”, concluyó el líder republicano en un tono desafiante.
Sin embargo, más allá del descontento y las críticas, lo cierto es que la sentencia de Merchan cierra meses de especulaciones y maniobras legales entre los abogados de Trump y el sistema judicial estadounidense, marcando un hito en la historia de Estados Unidos, ya que será la primera vez que un presidente electo es condenado por un delito grave días antes de asumir el cargo. De modo que el próximo 10 de enero será un día clave para el futuro político y personal de Donald Trump, cuya presidencia comienza bajo una nube de incertidumbre y controversia.