La operación para detener a Yoon comenzó a las 3:20 de la madrugada y contó con la participación de más de 3.200 agentes, incluidos efectivos de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) y la fiscalía estatal. El despliegue estaba diseñado para enfrentarse al Servicio de Seguridad Presidencial (PSS), encargado de proteger al mandatario.
Asedio y tensiones en la residencia de Yoon Suk-yeol
En los alrededores de la residencia en Yongsan, Seúl, se congregaron más de 6.000 simpatizantes del presidente, formando cadenas humanas y bloqueando el acceso con vehículos y barricadas. A pesar de la resistencia, los agentes lograron entrar al recinto utilizando escaleras portátiles y forzaron su paso hasta la residencia oficial. Tras negociaciones, el equipo legal de Yoon permitió su arresto a las 10:33 de la mañana.
Crisis política: de la ley marcial a la destitución temporal
La crisis comenzó el 3 de diciembre, cuando Yoon sorprendió al país al declarar la ley marcial, acusando al bloque opositor de ser «fuerzas pronorcoreanas». Esta medida fue ampliamente criticada, incluso por miembros de su propio partido, y el Parlamento votó el 14 de diciembre para inhabilitar al mandatario. Desde entonces, Yoon ha sido objeto de una investigación penal y constitucional.
La declaración de la ley marcial incluyó la prohibición de manifestaciones y actividades políticas, lo que provocó una ola de protestas ciudadanas y condenas internacionales. Finalmente, Yoon retiró la medida al día siguiente, pero su posición quedó severamente debilitada.
Investigación y posible juicio histórico
Yoon enfrenta acusaciones de insurrección, un delito que puede castigarse con cadena perpetua o incluso la pena capital, aunque esta última no se aplica en Corea del Sur desde hace casi cuatro décadas. También se le investiga por abuso de poder al ordenar la detención de líderes opositores durante la ley marcial.
El Tribunal Constitucional tiene hasta mediados de junio para decidir si ratifica la destitución de Yoon o lo restituye en el cargo. Mientras tanto, el primer ministro ejerce como presidente interino.
Un país dividido
Las divisiones sociales y políticas en Corea del Sur se han intensificado. Mientras los partidarios de Yoon lo defienden como un líder firme contra amenazas internas y externas, sus detractores lo acusan de socavar la democracia. En redes sociales, Yoon ha justificado sus acciones, calificando la ley marcial como un «ejercicio legítimo de autoridad presidencial».
Este episodio subraya las tensiones que enfrenta el país en su lucha por mantener la estabilidad democrática y evidencia los desafíos de liderazgo en un entorno político cada vez más polarizado.