La oleada de violencia que se lleva desarrollando en la región del Catatumbo, en el departamento Norte de Santander, al noreste de Colombia, durante los últimos nueve días, ha obligado este viernes al desplazamiento de 41.236 personas debido a la intensificación de los enfrentamientos entre los grupos armados no estatales, según ha informado la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró el lunes el estado de conmoción interior y emergencia económica.
La escalada del conflicto, que comenzó el pasado 16 de enero, ha generado al menos 80 homicidios selectivos entre la población civil y 12 heridos. Además, cinco firmantes del acuerdo de paz entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Gobierno del país en 2016, han sido asesinados y se han reportado desapariciones y ocupaciones ilegales de viviendas.
El ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, se refirió hace unos días en una entrevista concedida a la emisora colombiana Blu Radio, a la «cacería» que está llevando a cabo el ELN (el Ejército de Liberación Nacional) en la región como «una acción dirigida» contra, precisamente, los firmantes de ese acuerdo de paz. En ese momento, se confirmó el envío de más militares al Catatumbo ante el recrudecimiento del conflicto. Hay desplegados unos 5.000 hombres y mujeres del Ejército nacional.
Las hostilidades han afectado tanto a la población local como a los refugiados y migrantes venezolanos. La gran mayoría de personas han sido desplazadas hacia los municipios de Cúcuta (15.086), Tibú (12.362) y Ocaña (9474). Asimismo, al menos 12.520 personas se encuentran confinadas en los municipios de Tibú (10.206), San Calixto (758), Ábrego (656), Convención (500), Teorama (400).
Impacto en los niños y adolescentes
Los enfrentamientos también han provocado el desplazamiento de 500 docentes hacia Cúcuta y Ocaña y la interrupción del calendario escolar de 46.032 niños, niñas y adolescentes. Según la Oficina, la situación aumenta los riesgos de los niños no acompañados o separados de sus familias de sufrir una vulneración de sus derechos, reclutamiento y trata de personas, así como violencia de género.
La situación también ha impactado negativamente a la población indígena y al menos 23 comunidades del pueblo Barí han tenido que permanecer confinadas. De igual manera, el pueblo Yukpa y personas pertenecientes al pueblo Wayúu del territorio de Venezuela se han visto afectadas.
La Oficina de la ONU ha advertido que el acceso humanitario a las zonas rurales y veredales se encuentra restringido por la presencia de los grupos armados, así como por la presencia de minas antipersonal y municiones sin explotar en algunas zonas.