El régimen de Nicolás Maduro avanza en su intención de modificar la Constitución venezolana, argumentando la necesidad de actualizar y modernizar el texto vigente desde 1999 durante una reunión transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La propuesta busca ampliar las normativas actuales bajo la premisa de fortalecer la democracia y la economía del país, mientras que opositores y analistas alertan sobre el riesgo de que estos cambios profundicen el control del chavismo sobre el aparato estatal, limitando aún más la participación política y los derechos ciudadanos.
Maduro explicó que la estructura de la Constitución impulsada por Hugo Chávez se mantendrá, pero insistió en la necesidad de adaptarla a lo que considera una nueva etapa para Venezuela. “Es el momento de ampliar y perfeccionar nuestra Carta Magna, de hacer una actualización progresista para que refleje los nuevos tiempos y necesidades del pueblo”, afirmó.
Además, subrayó que el proceso será llevado a cabo por una comisión especial, que deberá presentar un borrador definitivo en un plazo de 90 días. Según el dictador, existe un gran interés en la sociedad por participar en este proceso, aunque los detalles sobre cómo se recogerán las opiniones de los ciudadanos siguen sin estar claros.
Una comisión dominada por el chavismo
La responsabilidad de diseñar la reforma recayó en una comisión encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab, y conformada por altos funcionarios del Gobierno de Maduro. Entre ellos se encuentran la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, la primera dama, Cilia Flores, y el diputado Hermánn Escarrá, entre otros. También forman parte del grupo la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López —la mayoría de estos estando sancionados por el Gobierno estadounidense.
El carácter marcadamente oficialista de esta comisión ha generado fuertes críticas de la oposición, que señala la falta de pluralidad y transparencia en el proceso. “No es una reforma para modernizar la Constitución, es un intento de consolidar un modelo de poder absoluto sin contrapesos democráticos”, denunció Edmundo González, líder opositor y Presidente Electo de Venezuela.
El Movimiento al Socialismo (MAS), uno de los partidos opositores con presencia en Venezuela, ha hecho un llamado a la unidad para enfrentar esta reforma, advirtiendo que el control total del proceso por parte del chavismo deja pocas garantías de que se respeten los principios democráticos.
Similitudes con la reforma en Nicaragua
La iniciativa de Maduro ha despertado comparaciones con la reciente reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega en Nicaragua. Este miércoles, el Gobierno nicaragüense oficializó cambios en su Constitución que le otorgan poderes absolutos a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, quien ahora ostenta el título de ‘copresidenta’.
Entre los cambios más significativos en Nicaragua están la eliminación de la independencia de poderes, la ampliación del período presidencial de cinco a seis años y la creación de cuerpos de seguridad paralelos. Además, la nueva Constitución establece que los medios de comunicación no podrán difundir información considerada como falsa por el Gobierno, lo que ha sido interpretado como una medida de censura extrema.
El impacto de estos cambios ha generado fuertes reacciones en la comunidad internacional. Organismos como la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo han condenado la reforma, advirtiendo que Nicaragua ha eliminado por completo el equilibrio de poderes, consolidando un régimen de control total sobre la ciudadanía.
¿Maduro seguirá el mismo camino?
Ante estos hechos, expertos en política latinoamericana advierten que Venezuela podría estar siguiendo una ruta similar. La insistencia de Maduro en ampliar los derechos políticos y promover una supuesta democracia directa del pueblo ha sido interpretada por analistas como una estrategia para reconfigurar el sistema de gobierno y asegurar su permanencia en el poder.
Uno de los temores más grandes es que la nueva Constitución refuerce el control del Estado sobre los medios de comunicación y las redes sociales, replicando lo que ocurre en Nicaragua. En Venezuela, la persecución contra periodistas y medios independientes ha sido una práctica habitual del chavismo, y una reforma en esta dirección podría eliminar cualquier margen de libertad de prensa.
Otro punto de preocupación es la posibilidad de que la reforma contemple una extensión del período presidencial o la eliminación de las limitaciones para la reelección. Si bien Maduro no ha dado detalles concretos sobre los cambios en este sentido, su historial de modificaciones electorales y persecución a la oposición hacen temer lo peor.
Un país al borde de una reforma que podría redefinir su futuro
A medida que el plazo de 90 días avanza, la incertidumbre crece en Venezuela. Con una economía golpeada por años de crisis, un éxodo masivo de ciudadanos y un régimen cada vez más aislado internacionalmente, el país se enfrenta a un posible cambio constitucional que podría tener consecuencias profundas en su estructura política y social.
Desde la oposición, el reto será movilizar a la ciudadanía para evitar que la reforma se convierta en un mecanismo de consolidación del chavismo. Sin embargo, la falta de acceso a medios de comunicación masivos y la constante represión hacen que la tarea sea extremadamente difícil.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención. Si Venezuela sigue el mismo camino que Nicaragua, el país podría entrar en una nueva etapa de represión y control absoluto, alejándose aún más de cualquier posibilidad de restaurar la democracia.