El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) reiteró este lunes que no participará en las elecciones legislativas y regionales convocadas para el próximo 25 de mayo a pesar de la postura crítica de algunos de sus dirigentes, que consideran la votación una oportunidad de lucha política, argumentando que el proceso carece de legitimidad.
En un comunicado oficial, el partido de la centroderecha enfatizó que su prioridad sigue siendo el cumplimiento del “mandato expresado” en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que resultó ganador el ex diplomático Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, proclamó fraudulentamente la reelección de Nicolás Maduro, desconociendo la voluntad popular.
La organización política, que forma parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse firme en la lucha por la democracia y a exigir el reconocimiento del resultado del 28 de julio. PJ también expresó su gratitud a la comunidad internacional por su respaldo a la causa democrática en Venezuela y pidió a los países aliados que sigan vigilantes ante la crisis política del país y el proceso de recuperación de la institucionalidad.
Por su parte, Edmundo González Urrutia ha insistido en que la oposición que representa no legitimará con su participación unas elecciones que considera fraudulentas. A finales de febrero, el líder opositor subrayó que “solo habrá comicios legítimos cuando se respete el verdadero resultado de las presidenciales de 2024”, en referencia a su victoria desconocida por el régimen de Maduro.
División en la oposición ante la estrategia electoral
La convocatoria a elecciones legislativas y regionales impulsada por el chavismo ha provocado un fuerte debate dentro de la oposición. Mientras que Primero Justicia y Voluntad Popular (socialdemócrata) rechazan participar en lo que consideran un proceso amañado, otras organizaciones, como Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela, defienden la necesidad de presentar candidatos.
La discusión se ha extendido a las bases de Primero Justicia, donde algunos dirigentes, entre ellos el exgobernador y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, han abogado por competir en los comicios. Capriles considera que la vía electoral sigue siendo una herramienta fundamental de lucha para lograr el cambio que exigen los venezolanos.
UNT, por su parte, argumentó en un comunicado emitido este lunes que participar en las elecciones de mayo permitirá a la oposición “abrir espacios, avanzar, presionar y construir una salida democrática”. Asimismo, el partido advirtió que la abstención podría favorecer al chavismo. “Abstenerse es dejarle el camino libre al oficialismo, que amenaza con una reforma constitucional para imponer un modelo sin voces disidentes”, señalaron en su comunicado.
Chantaje contra González Urrutia
En paralelo a la disputa electoral, la oposición denunció una nueva maniobra del gobierno de Nicolás Maduro para presionar a Edmundo González Urrutia y debilitar la lucha opositora.
El pasado miércoles, el líder opositor informó a los expresidentes Juan Manuel Santos (Colombia) y Felipe González (España) que el régimen chavista lo está sometiendo a chantaje mediante la detención de su yerno, Rafael Tudares. El mismo fue arrestado el pasado 7 de enero en Caracas, en presencia de sus hijos menores de edad, en un operativo que la Plataforma Unitaria Democrática ha calificado como una acción represiva propia de un régimen autoritario. La oposición sostiene que su detención es parte de una escalada de persecución política que se ha intensificado tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024.
Santos y González hicieron pública la denuncia a través de un comunicado en redes sociales, en el que relataron detalles de su encuentro en Madrid con el Presidente Electo por la oposición venezolana. “Nos contó cómo la dictadura lo está chantajeando, de forma vil y mezquina, con la detención arbitraria de su yerno”, expresaron.
Desde entonces, el chavismo ha endurecido su represión contra la oposición, utilizando detenciones y amenazas como métodos de presión. Según denuncias de la PUD, el régimen busca quebrar la resistencia política y silenciar cualquier intento de desconocer el resultado impuesto por el CNE, que proclamó la reelección de Maduro pese a las pruebas de manipulación electoral y al desconocimiento de la comunidad internacional.
En este contexto, distintos líderes opositores han pedido a organismos internacionales y gobiernos extranjeros que mantengan la atención sobre la crisis venezolana y continúen ejerciendo presión para exigir la liberación de los presos políticos y el respeto a la voluntad popular expresada en julio de 2024.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre la estrategia opositora de cara a las elecciones de mayo sigue generando tensiones dentro de la oposición. Con opiniones divididas sobre si participar o no en los comicios, el futuro del bloque opositor dependerá de su capacidad para mantenerse unido en la lucha contra el chavismo y defender el resultado de las presidenciales de 2024.