La Administración de Donald Trump ha ejecutado la deportación masiva de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, una de las pandillas más peligrosas de Venezuela, desoyendo la suspensión ordenada por un juez federal. Para ello, ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que no se activaba desde la Segunda Guerra Mundial.
Las expulsiones fueron anunciadas horas después de que el magistrado James E. Boasberg dictara una orden que prohibía las deportaciones basadas en esta ley durante 14 días. Sin embargo, el Gobierno estadounidense ejecutó la operación antes de que la suspensión entrara en vigor. Los deportados han sido enviados a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele se ha jactado de su llegada, asegurando que serán recluidos en el Centro de Internamiento del Terrorismo, una megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos.
Deportación exprés bajo una ley en desuso
Trump ha justificado su decisión en redes sociales, asegurando que estos delincuentes representan un peligro para EE.UU. «Estos son los monstruos que el corrupto Joe Biden permitió entrar en nuestro país. ¡Cómo se atreven!», ha escrito en su plataforma Truth Social.
Los expulsados fueron trasladados en dos aviones que despegaron desde Texas con destino a San Salvador y Comayagua (Honduras). Según el medio Politico, el vuelo con destino a El Salvador aterrizó poco antes de que el juez Boasberg ordenara detener las deportaciones.
El dictamen del magistrado especificaba que, si había algún avión en el aire, debía «dar media vuelta y regresar a EE.UU.». Sin embargo, la orden no se cumplió. Bukele celebró la llegada de los deportados con una publicación burlona en X (antes Twitter): «Oops, demasiado tarde», acompañada de un emoticono riéndose y una captura de la noticia sobre el bloqueo judicial.
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Los deportados han sido trasladados directamente a la megacárcel salvadoreña, donde permanecerán al menos un año, prorrogable, según ha confirmado el Gobierno de Bukele. Trump ha elogiado la actuación del presidente salvadoreño, a quien ha calificado como «el líder más fuerte en seguridad de nuestra región y un gran amigo de EE.UU.».
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha precisado que el acuerdo con Bukele incluye la entrega de «dos líderes peligrosos» de la Mara Salvatrucha (MS-13) y 21 de sus miembros más buscados a cambio de acoger a los 238 integrantes del Tren de Aragua.
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«El Salvador se ha comprometido a mantenerlos en sus excelentes cárceles a un precio justo, lo cual también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes», ha declarado Rubio.
Denuncias por «falta de garantías» y reacción de la Casa Blanca
Mientras tanto, la ONG venezolana Provea ha denunciado que las deportaciones se han llevado a cabo sin el debido proceso, señalando que los detenidos de la pandilla han sido enviados a un sistema penitenciario denunciado por abusos ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
«Sus derechos no están protegidos. Están incomunicados y sin garantías judiciales«, ha advertido la organización, criticando que EE.UU. «criminaliza a toda la migración venezolana».
Desde la Casa Blanca, un alto funcionario ha asegurado que el Gobierno llevará el caso hasta el Tribunal Supremo de EE.UU. para defender la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros. «Esto llegará a la Corte Suprema. Y vamos a ganar», ha sentenciado.