Siempre es de agradecer que el teórico máximo responsable de la política económica gubernamental hable sin tapujos: en este caso, admitiendo que el empleo evolucionará en los próximos meses todavía hacia peor. Decir la verdad sin disimulos resulta encomiable, máxime cuando por lo general los dirigentes tratan de relativizar y poner paños calientes a la realidad. Pero es difícil consumar ese reconocimiento cuando la sinceridad parece ir acompañada de una especie de resignación, sin propuesta alguna para siquiera averiguar, primero, y explicar, después, por qué las cosas marchan así de mal. Sería una buena manera de concretar qué cosas conviene reformar.
La realidad es que hasta los más pesimistas confiesan estar algo sorprendidos por la intensidad con que la economía española está destruyendo empleo en los últimos meses. El dato sin duda más inquietante, por indicativo, son los alrededor de 700.000 cotizantes perdidos por el sistema de Seguridad Social en lo que va de año, reforzando la sensación de que ahora mismo están ocupadas en torno a un millón y pico menos de personas que el año pasado por estas mismas fechas. Buena parte de esa sorpresa está fundamentada en la desfavorable comparación con el resto de países de la eurozona, la Unión Europea y la OCDE.
Nadie cuestiona a estas alturas que una parte de los problemas que afronta la economía española es común al conjunto del mundo desarrollado: en el fondo, en mayor o menor grado, están afectadas todas las economías del planeta, inmersas como están en una dinámica de interrelación y globalidad. Pero, siendo eso evidente, no lo es menos que ninguna está padeciendo una quiebra de la ocupación del mismo grado que la producida aquí.
La gran pregunta es ¿por qué? Si lo sabe, el Gobierno no lo explica. Si no lo tiene claro, no muestra estar dedicando esfuerzos, recursos o reflexión para averiguarlo. Y la oposición tampoco se plantea reclamarlo: por ejemplo, mediante la creación de un grupo de expertos o una comisión parlamentaria. Unos y otros transmiten hacer abstracción del asunto que ahora mismo constituye preocupación prioritaria de los ciudadanos, como tozudamente se encargan de reflejar, entre otras, las encuestas que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Junto a una aparente perplejidad del Ejecutivo, se desliza hacia lo lamentable la actitud de la oposición. Que con la que está cayendo su única propuesta de comisión de investigación parlamentaria discurra equívoca entre una petrolera rusa cuyo perfil exacto nadie conoce y las relaciones entre el poder político y una constructora en dificultades, o que una de sus voces dirigentes se jacte de que gracias al Partido Popular las gasolineras españolas no están rotuladas en ruso (sic)… no puede más que inducir a desmoralización.
Durante años imperó cierto consenso sobre la tasa de crecimiento a partir de la cual la economía española empezaba a crear empleo, considerando que era más alta de lo normal. De ahí surgieron algunas reformas en el marco normativo del mercado de trabajo, y la verdad es que durante el último periodo expansivo ha aumentado la ocupación bastante más que en los anteriores.
Ahora que el ciclo se ha invertido, resulta que también la destrucción está siendo más rápida e intensiva que en recesiones precedentes e incluso más agudas. ¿No es motivo suficiente para poner en marcha un análisis serio y riguroso para concretar las causas y, a partir de ellas, introducir los cambios que sea menester?
Mantener e incluso mejorar la política de subsidios, apoyar con medidas y fondos presupuestarios a sectores de alta ocupación… puede servir para paliar los efectos, pero no resolverá el problema de fondo: lo que hace que las consecuencias de la crisis estén siendo aquí peores que para los demás.
Enrique Badía