El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una nueva brecha jurídica al solicitar el documento 3329/02. Que ha desaparecido de los archivos oficiales, por el cual se autorizaba, durante el mandato de José María Aznar, el sobrevuelo de aviones de la CIA norteafricana sobre territorio español con supuestos islamistas radicales que eran destinados a la base norteamericana de Guantánamo en Cuba.
El juez, que ha citado a declarar al autor del informe, Miguel Aguirre de Carcer, responsable en la etapa de José María Aznar de la dirección general de América del Norte, copia del cual recibieron, en su momento, el ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué, el secretario de Estado del Ministerio Miguel Nadal, el secretario general de la política de defensa Javier Martínez Ugarte, y el director del departamento de Internacional y de Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Ramón Gil Casares, quiere conocer las implicaciones de la Administración española en los «vuelos de la vergüenza» que comenzaron en el año 2002 y que se extendieron hasta el pasado año.
Al escándalo que supone la desaparición del documento que autorizaba este tipo de vuelos de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores se une el hecho insólito de que esos documentos han desaparecido de todos los archivos oficiales, según ha declarado el señor Aguirre de Carcer, promocionado posteriormente por Moratinos al cargo de embajador en misión especial para Asuntos de Desarme y Políticas de Desarrollo.
El escándalo no sólo está en el propio documento donde se demuestra la connivencia de la Administración Aznar con el Gobierno norteamericano de George Bush, sino en el hecho insólito de que haya podido desaparecer de los archivos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Defensa, posiblemente del Palacio de la Moncloa, e incluso de los archivos del CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Papeles comprometedores que, además, forman parte de la historia de España y que no constan en los archivos oficiales.
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a quien el Parido Popular acusa de la «filtración periodística» al diario El País de los documentos oficinales que autorizaban el sobrevuelo de los aviones de la CIA sobre territorio español, e incluso sus escalas en las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), si surgían dificultades sobre el largo recorrido desde Oriente Próximo hacia la base de Guantánamo en Cuba, ha afirmado en el Parlamento que ni durante el Gobierno de José María Aznar ni, por supuesto, durante el de Rodríguez Zapatero se han producido ese tipo de «escalas».
«Al menos cinco aviones -ha aclarado el ministro de Asuntos Exteriores- estuvieron estacionados en Morón para dar servicio a esos vuelos. Sin embargo, abandonaron las bases sin haber prestado el servicio de emergencia previsto».
El ministro, que no ha querido explicar el hecho insólito de la desaparición de documentos oficiales que pueden constituir un delito castigado por el Código Penal, parece haberse visto desbordado por la actitud del Partido Popular, que ha querido centrar el debate, no en la responsabilidad del Gobierno anterior en la autorización, sino en los vuelos que siguieron realizándose hasta el pasado año, cuando ya gobernaba el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La comparecencia de Moratinos en el Congreso de los Diputados, a petición de Izquierda Unida y del Partido Popular (que está tratando por todos los medios, según instrucciones de Aznar a algunos diputados, de dar la vuelta a la situación y culpabilizar a Zapatero salvando al ex presidente popular) ha servido de bien poco y todo quedará pendiente de la decisión de los Tribunales y de las diligencias del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
José Oneto