El asunto de los vuelos a Guantánamo con escala en España se parece cada vez más al juego infantil de los cinco dedos de la mano: éste fue a por leña, éste compró un huevo, éste le echó sal, éste lo frió, y éste pícaro gordo… Se lo comió. Por lo que sabemos hasta ahora, Aznar llegó a un acuerdo con Estados Unidos, Aguirre de Cárcer lo redactó, Zapatero lo respetó, Moratinos lo justificó, y algún pícaro gordo… Se lo comió, porque el documento en cuestión no está en los archivos oficiales.
Por alguna asociación de ideas, sin duda enfermiza, la misteriosa desaparición del papel me trae a la cabeza aquella frase célebre de Felipe González en relación con los GAL: ni existen pruebas ni existirán. En efecto, el documento probaría la connivencia del Gobierno español con los llamados vuelos de la CIA, es decir, con el secuestro de sospechosos de terrorismo y su traslado al campo de concentración de Guantánamo, donde quedaron presos ilegalmente y, en los peores casos, fueron torturados. Guantánamo se ha convertido en símbolo de los crímenes de Bush en la guerra contra el terrorismo, pero las vulneraciones de los Derechos Humanos se han esparcido por medio mundo: Italia, Portugal, Alemania, España, Turquía, son países que han colaborado de una u otra forma.
Tal vez cuando se destapó el asunto, el PSOE pensó que podría utilizarlo contra el PP: al fin y al cabo fue Aznar el que pactó con EEUU el uso de las bases españolas para escalas de los vuelos de la CIA, un acuerdo oprobioso para España. Sin embargo, anteayer en el Congreso Moratinos acabó justificándolo. ¿Por qué? Primero, porque políticamente hacer recaer la culpa en el PP resulta insostenible: al llegar al Gobierno, el PSOE no denunció el acuerdo del Ejecutivo anterior, y permitió a los aviones americanos proseguir el business as usual, por tanto la mancha de la complicidad se extiende a los gobiernos de Zapatero.
La segunda razón es de tipo penal. El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional está investigando el asunto y, en la información que le ha remitido el Ministerio de Defensa, se reconocen once vuelos que hicieron escala en Rota, Morón, Torrejón o Palma de Mallorca: dos de ellos tuvieron lugar con el PP y nueve con el PSOE. Si alguien llegara a ser incriminado por este asunto, lo más probable es que salpicara a altos cargos de ambos gobiernos.
Por último, la propia desaparición del documento también podría constituir un delito, cuyo autor aún se desconoce. Moratinos se ha apresurado a responsabilizar a los funcionarios, pero ni siquiera se sabe la fecha del extravío. ¿A quién le tocaría responder de una grave negligencia en la custodia de papeles oficiales tan relevantes para la política, la protección de los Derechos Humanos, la Historia de España y el esclarecimiento de la verdad?
Como se ve, las culpas pueden quedar muy bien repartidas: no se come un huevo sin la colaboración de los cinco dedos de la mano. Por eso el PSOE ha recogido el bumerán y el PP ha sonreído satisfecho. Lo más aconsejable es la comprensión recíproca, eso que, en su lenguaje, los estadistas llaman «razón de Estado» y que consiste en el encubrimiento mutuo para eludir responsabilidades políticas y penales.
Irene Lozano