Hoy por ti, mañana por mí. Ésa es la regla que parece haber aplicado el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en su comparecencia en el Parlamento para intentar explicar (lo intentó, pero no lo consiguió) el escándalo de los vuelos de la CIA, sobre territorio español, con detenidos islamistas radicales rumbo a la isla de Guantánamo, en Cuba.
El escándalo oficial con la publicación, por parte del periódico El País, de un primer documento en el que se trasladaba la petición norteamericana de sobrevuelo al menos a una decena de personas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Defensa, Centro Nacional de Inteligencia, Palacio de la Moncloa y Comité Permanente Hispano-Norteamericano, encargado de vigilar el cumplimiento de los convenios militares entre Madrid y Washington, derivó hacia un segundo escándalo cuando se supo que esos vuelos se han venido realizando hasta el año pasado con Rodríguez Zapatero en el poder, para terminar en otro escándalo colateral que se intenta tapar, que es la desaparición de los documentos originales, que obraban en cajas de seguridad de varios organismos Oficiales.
La única copia que ha aparecido es, al parecer, la que estaba en poder del Comité Hispano-Norteamericano, que emitió el correspondiente informe aconsejando que, si había que realizar algún tipo de escala con esos aviones, debería hacerse en las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz).
Moratinos, cuya comparecencia había pedido Izquierda Unida y el Partido Popular, de acuerdo con instrucciones impartidas por José María Aznar a la diputada por Madrid Cayetana Álvarez de Toledo, antigua jefa de gabinete del ex secretario general Ángel Acebes, no quiso abordar el espinoso tema de la «filtración» de los documentos al periódico El País, pasó de puntillas sobre las responsabilidades políticas del ex presidente Aznar, negó que durante estos cinco años ningún vuelo haya llegado a hacer escala en España (sólo se ha referido a las bases conjuntas y no al aeropuerto de Palma de Mallorca, de donde partió un avión para el secuestro de un dirigente de Al Qaeda en Macedonia) y, por último, intentó exculpar a Aznar bajo el pretexto de que la autorización se dio de acuerdo con la «Operación Libertad Duradera» en el marco de «una decisión colectiva de la OTAN».
Para disipar cualquier duda sobre el actual Gobierno, que en todo caso no ha actuado durante estos años con la diligencia, la prontitud y la claridad que viene exigiendo una opinión pública indignada por los «vuelos de la vergüenza», Moratinos se ha limitado a hacer una faena de aliño tan lamentable que hasta ha recibido las felicitaciones y los parabienes del portavoz parlamentario popular, Gustavo de Arístegui.
De todas formas, los sucesivos escándalos sobre la participación española en los vuelos a Guantánamo ni han terminado ni tienen visos de que vayan a terminar pronto.
A la actuación del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que es posible que en las próximas semanas cite a declarar al ex ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué, al secretario de Estado de Exteriores Miguel Nadal, al ex ministro de Defensa Federico Trillo y al secretario general de Política para la Defensa Javier Martines Ugarte, tendrá que seguir la investigación interna que debe realizar el Ministerio ante la desaparición de documentos clasificados como «muy secreto».
La desaparición de esos documentos, elaborados por el ex director general para América del Norte, Miguel Aguirre de Carcer, nombrado posteriormente por Moratinos embajador en Misión Especial, no sólo va en contra de la Ley del Patrimonio Histórico del Estado sino en contra del propio Código Penal, que castiga hasta con seis años de prisión y la inhabilitación profesional la desaparición culposa de documentos oficiales.
José Oneto