Con permiso de las elecciones gallegas, vascas y europeas, la primera parte del año recién estrenado va a tener como destacado protagonista político el nuevo modelo de financiación de las administraciones públicas. Quizás desempeñe algún papel durante la campaña en Galicia, pero en Euskadi resulta ajeno en virtud de su régimen de concierto foral. Otra cuestión es si el manejo de los fondos presupuestarios debiera pesar más en el ánimo de los electores, en todas partes, a la hora de mostrar sus preferencias hacia una u otra opción.
Lamentablemente, no da la sensación de que, al menos de momento, lo que los responsables políticos hacen con el dinero de los ciudadanos esté siendo de una u otra forma determinante en el veredicto electoral. La experiencia hasta ahora acumulada muestra que la alarma social sólo se activa cuando se perciben signos generalizados y muy ostensibles de corrupción. Dicho de otro modo, meter la mano en la caja es lo único capaz de soliviantar, con o sin mediar cierto circo mediático a veces contribuyente a ensalzar la figura del delincuente, sea presunto o condenado por un tribunal.
Hay que decir, sin embargo, que no todo es robar. Va de suyo que los gestores públicos incurren en delito cuando se apropian de dinero puesto a su disposición por los contribuyentes, pero convendría no pasar por alto otra figura que, sin estar penalmente tipificada, tampoco debería dejar de ser objeto de reprobación: el uso ineficiente o superfluo de los recursos y, más en concreto, destinarlos a simples apetencias de oropel y suntuosidad.
Por desgracia, impera cierta consideración de que lo hacen todos, viéndose como se ve una escasa inclinación a la austeridad. Tan es así que sólo suelen llamar la atención algunos casos especialmente ostentosos, en tanto otros tienden a verse como rayanos en lo normal, por difícil que sea justificar su necesidad. Ocurre, por ejemplo, con la existencia de amplias flotas de vehículos oficiales, los gastos en viajes y desplazamientos, la generosidad de espacios en oficinas y despachos o la profusión de campañas publicitarias con más autobombo que información útil a la población.
No menos importantes son las abultadas inversiones en equipamientos e infraestructuras que sirven para poco o nada más que ser inaugurados con la pompa habitual. Algo que, como es lógico, va entre otras cosas en detrimento de atender la provisión de otras más necesarias que deberían ser objeto de total y absoluta prioridad.
Sin duda, exigencia de eficiencia y austeridad son aplicables a cualquier gestor público, en cualquier administración, pero algunos síntomas denotan que el ámbito autonómico alberga en ciertos casos algo más de relajación.
Si como parece el nuevo modelo va a comportar mayores recursos para la gestión directa de gobiernos y entes territoriales, bueno será que optimicen sus mecanismos y hábitos de rendición de cuentas o, en cualquier caso, su gestión y uso sean objeto de crecientes escrutinio y valoración desde la sociedad.
Enrique Badía