Las citas electorales del próximo 1º de marzo son importantes no sólo para los ciudadanos de las dos comunidades autonómicas que celebran comicios, sino para el conjunto de los españoles. Nadie es ajeno a lo que ocurre en su vecindario. Creo no exagerar si afirmo que todos nos jugamos más en el País Vasco, en donde es más que posible que ocurra lo que no ha sucedido desde el comienzo de la Transición, que los nacionalistas vascos tengan que abandonar el poder obligados por las urnas.
En ese contexto reaparece de nuevo la iniciativa que pretende que puedan votar los ciudadanos que hayan tenido que abandonar el País Vasco por lo que se ha dado en llamar «violencia de persecución» y que, como todo el mundo sabe, adquiere variadas formas. Son muchos los que se han marchado por motivos políticos y seguramente la inmensa mayoría de ellos no son votantes nacionalistas. Este año puede ser posible que el PNV no logre formar Gobierno con los aliados que hasta ahora ha tenido y que, por el contrario, los números faciliten una alternancia no nacionalista encabezada por Patxi López. Pero también es verdad que lo probable no es seguro y que en anteriores convocatorias electorales la diferencia de votos a favor de los nacionalistas ha sido bastante reducida. Se entiende, por tanto, que el voto de esos ciudadanos que se han marchado obligados de uno u otro modo podría ser decisivo.
Hubo técnicos del último Gobierno de Aznar que estudiaron el asunto buscando alguna reforma legal que hiciera posible ese voto. Luego lo propuso el Foro de Ermua. Ahora, de nuevo, algunas asociaciones, incluida la de Víctimas del Terrorismo, se suman a una iniciativa particular en el mismo sentido. El planteamiento, sin embargo, se basa en una equivocación semántica y, como las palabras son las que reflejan las ideas, en un error de fondo. Se dice, formal y materialmente, que deben poder votar en el País Vasco los «exiliados» que han tenido que huir a otros lugares de España, pero los ciudadanos con vecindad administrativa en aquella comunidad autónoma que ahora viven en el resto de España no son ni pueden ser de ninguna manera «exiliados». Viven en su país, comparten iniciativas con sus conciudadanos, votan en su país. Nada más pernicioso que el hecho de que, del modo que sea, sean tratados con una suerte de compasión por los extranjeros que sufren persecución.
Lo que se debería pedir es el compromiso de todos ellos para seguir empadronados en el País Vasco y poder votar en esa Comunidad y participar así del futuro de sus instituciones. Ése es el requerimiento que se puede hacer a todos ellos. Y al Estado y su Gobierno no hay que exigirle que modifique las leyes para que voten allí de cualquier manera, sino su obligación de garantizar que ningún ciudadano español, viva en el País Vasco o no, sufra esa «violencia de persecución». Pedir la reforma de la ley electoral para no exigir al Estado el cumplimiento firme y enérgico de sus obligaciones es un contrasentido y una suerte de pésimo sucedáneo de lo que debería hacerse.
Germán Yanke