La noticia de la caída del PIB de un 1,8 por ciento en el primer trimestre del año, información curiosamente hecha pública poco después de que acabara el debate sobre el estado de la nación, es de la máxima gravedad, supone una caída del PIB interanual del 2,9 por ciento, nos transporta a las cifras de 1970 y desmiente el anuncio del presidente de que «lo peor de la crisis ha pasado ya». Pero siendo esto lo que afecta al conjunto de los ciudadanos españoles, en el día de ayer otras noticias, de mayor impacto mediático que social, han invadido los medios de comunicación en socorro del Gobierno: la nueva ley del aborto y la píldora del día después y, especialmente, la imputación por presunto delito de cohecho del presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, que ha sido citado a declarar el próximo día 19 ante el Tribunal Superior de Valencia que instruye las implicaciones del llamado ‘caso Gürtel’ en dicha Comunidad.
Una cuestión esta última que ha provocado desasosiego y un problema en el seno del Partido Popular, desde donde Rajoy ha reiterado su confianza plena en Camps, mientras su portavoz en el Congreso de los Diputados, Sáenz de Santamaría, se refugiaba en la presunción de inocencia. Por lo que nadie en la dirección del PP ha planteado la suspensión de militancia del presidente valenciano -y de su brazo derecho, Ricardo Costa, también imputado-, como se hizo con el resto de imputados, en este caso con cargos públicos en la Comunidad de Madrid, consejero, alcaldes y diputados.
¿Cuál es la diferencia que exime a Camps y a Costa de su exclusión de la militancia en el Partido Popular, a pesar de su imputación? En privado, algunos portavoces del PP señalan que en los casos de Madrid hay serios indicios de clara corrupción, mientras que en el caso valenciano se está hablando de regalos y no del cobro de sobornos. Sin embargo, a Camps no se le ha imputado por recibir regalos sino por presunto delito de cohecho, que indicaría que esos regalos son la compensación recibida por otorgar contratos públicos de la Comunidad Valenciana a sus amigos de la trama de Francisco Correa.
El propio presidente Camps dice estar muy tranquilo y deseando declarar ante la Corte valenciana para explicar lo ocurrido con sus trajes. La pena, o lo extraño, ha sido que Camps no haya querido explicar lo ocurrido ante la opinión pública o la Cámara valenciana, y nadie sabe el porqué. Veremos qué dice Camps el próximo día 19 ante el juez, aunque ya circulan rumores que insinúan que el presidente valenciano dirá que él entregó el dinero de sus trajes a su amigo Álvaro Pérez (bigotes), y que si luego este personaje facturó el pago a través de Orange Market (la empresa que contrataba con la Comunidad) eso Camps lo desconocía y era de la sola incumbencia del intermediario. Y si eso es así, ¿por qué Camps no lo aclaró en su momento? A lo mejor existe otra aclaración que desconocemos sobre este incidente que, siendo aparentemente de menor cuantía, tiene su lectura política y moral, como la está teniendo en Gran Bretaña el gasto del dinero público en asuntos privados de los miembros del Gobierno y de parlamentarios de todos los partidos políticos.
Naturalmente, el Gobierno y el PSOE están aprovechando el caso -que el ex ministro Bermejo y el juez Garzón seguramente debatieron en la famosa cacería de Jaén que le costó el cargo al ex titular de Justicia- con vistas a la campaña electoral de las elecciones europeas del 7 de junio. Lo que, al margen del contenido de un sumario, que sorprendentemente sigue siendo secreto para los imputados y no para la prensa gubernamental, despide un cierto tufo a manipulación del calendario de este procedimiento en el claro beneficio del PSOE. También la ley del aborto y la decisión de libre venta de la píldora del día después parecen formar parte del espectáculo previo con el que el Gobierno espera agitar las aguas de la política a ver si con ello logra movilizar, para las mencionadas elecciones, a su base electoral.
Aunque esa pretendida movilización izquierdista y anti-PP está por ver, así como el posible impacto del ‘caso Gürtel’ en el resultado electoral. Porque la ley del aborto traspasa las fronteras ideológicas, como se ve en Castilla-La Mancha, donde su presidente, Barreda, se opone a ella; y porque en el ‘caso Gürtel’ no hay, por el momento, implicación alguna que indique la presunta financiación ilegal del PP. Y, finalmente, porque todo ello choca de bruces con el terremoto destructivo del paro y la escasa actividad de la económica, sumida en la recesión y la caída del consumo como lo atestiguan las cifras negativas del PIB que conocimos ayer. Aunque, dicho esto, la imputación de Camps es una pésima noticia para el PP, y para él.
Pablo Sebastián