Van a cumplirse diez años desde que, como consecuencia del llamado Pacto de Toledo y de los agobios de la fase baja del ciclo anterior, el sistema de pensiones públicas empezó a dotar una hucha con la que hacer frente a las etapas de baja recaudación. El mérito de la hucha es compartido por todos los partidos del arco constitucional, especialmente por los más estables: los dos que son alternativa de gobierno y los otros menores clásicos. CiU, PNV e IU no han sido meros convidados de piedra en esa operación.
El ciclo económico que viene desde mediados de los noventa ha permitido ir echando a la hucha desde los 600 millones de euros iniciales del año 2000, hasta los 9.400 del 2008, punto máximo de tan venturosa operación preventiva. A lo largo de diez años el sistema ha apartado como reserva previsora 50.000 millones de euros que han generado, hasta la fecha, rendimientos acumulados de otros 8.000 millones.
Para disponer de la hucha, cuyo destino es finalista: cubrir déficit coyuntural en el sistema de pensiones, deben cumplirse requisitos preceptivos fijados por ley. Por tanto no caben apaños ocultos ni disposiciones sin causa de esos recursos, ni destinos inciertos.
Si el Estado hubiera cumplido todos los compromisos previstos en el Pacto de Toledo y se hubieran hecho cargo de la cobertura de mínimos y demás flecos del sistema, la hucha estaría más engordada y sería más capaz de atender desgracias y e tranquilizar. Pero no es poco lo recorrido. Lo acumulado equivale a medio año de cotizaciones sociales y a casi nueve meses de pensiones. No blinda el sistema pero significa razonable seguridad para rellenar la parte más baja del ciclo económico.
De manera que cuando el secretario de Estado de Seguridad Social dice que el sistema no tiene problemas inmediatos, tiene razón. Pero para disponer de seguridad a largo plazo hay que ir más lejos en el análisis y en los supuestos demográficos, financieros y actuariales. Al sistema le irían bien retoques y ajustes en línea con lo previsto en el Pacto de Toledo que requiere una nueva versión a la que sus firmantes están obligados y que empieza a ser urgente.
Fernando González Urbaneja