En medio de la crisis financiera, las cajas de ahorro son el eslabón más débil. No por su fortaleza, que es dispar (entre ellas hay entidades que nada tienen que envidiar a los bancos más solventes), sino por sus peculiaridades. Uno de los problemas más graves de las cajas es su politización, su dependencia de unos poderes autonómicos o locales que las han querido convertir -y lo han hecho en muchas ocasiones- en una suerte de bancos públicos para financiar los proyectos o resolver las cuestiones que interesaban a los políticos. Quienes se han resistido (y ahí está, como paradigma, el caso de Caja Madrid) se han visto sometidos a presiones de todo tipo, incluido el cambio abrupto de legislación para cambiar a los ejecutivos por otros más dóciles. Tampoco son ajenas a esta politización las ridículas disculpas de algunos representantes políticos, como ha ocurrido en Caja Castilla La Mancha, que, tras el desastre, quieren depositar toda la responsabilidad en los directivos de la entidad, como si muchas de las operaciones peligrosas y del alto riesgo inmobiliario no respondieran a decisiones políticas, del poder o del consenso entre poder y oposición en las estructuras de esas entidades.
Es evidente que algunas de ellas deben reestructurarse y que otras, o las mismas en muchos casos, precisan fusiones para sobrevivir. En el primer apartado, es necesaria la profesionalización de las entidades a costa de la dependencia política, ya que, como decía el clásico, no hay político que sea un eunuco que no se casa con nadie, sobre todo cuando la dote no es propia. En el segundo, si se impone por las condiciones del mercado (debe tenerse en cuenta que los márgenes son cada vez más reducidos y que la pervivencia de las entidades financieras requiere determinado tamaño), no hay razón para que las fusiones tengan aliento igualmente político, es decir, que se haga entre cajas de una misma comunidad autónoma. Por el contrario, deben ser las características de las entidades las que aporten racionalidad a pactos que no tienen por qué ser territoriales.
El equipo de Solbes trabajaba en un avanzado proyecto de reforma de la Ley de Cajas que, además de mejorar la supervisión del Banco de España, tendía a reducir el peso político en esas entidades. No debió de gustar a muchos dirigentes autonómicos del partido gubernamental ni a los sindicatos y, tras el cambio de Gobierno, la reforma quedó definitivamente paralizada. Ahora, al parecer, se trata de abordar solamente la recapitalización de las entidades que lo precisen y la eliminación de las rigideces del Fondo de Garantía de Depósitos. Nadie duda de que es necesario, aunque revela el talante con el que el Gobierno se enfrenta a la crisis, que se trabaje en ello sin oír a las propias cajas y a su confederación. Pero, más allá de una alusión de la vicepresidenta Salgado a reformas no sustanciales en la Ley de Cajas, parece que estamos abocados a perder de nuevo una oportunidad. Ni la necesidad hace aquí virtud y la vicepresidenta -no se sabe si con el descaro de algunos dirigentes políticos que intervienen en las cajas o con el despiste que no es lógico atribuirle- se ha animado a decir, cuando se le ha preguntado por la politización de éstas, que no sabe de lo que se está hablando. De lo que habla ella, y de lo que no quiere abordar con seriedad y eficiencia, sí se sabe.
Germán Yanke