De alguna manera está en el guión: el Gobierno se apresuró ayer a relativizar la caída (3 por ciento) de la economía española el primer trimestre del año, señalando que otras de la eurozona van peor. Ya puestos, podrían haber esgrimido el 15 por ciento que se ha contraído Japón. El consuelo ha ido acompañado del vaticinio según el cual la cosa habría tocado fondo y el dato de los próximos trimestres será mejor. Hasta el recién estrenado secretario de estado de Economía, firmante no hace demasiadas semanas de un manifiesto relativamente crítico sobre la política del Ejecutivo, se ha apuntado a la tesis del horizonte esperanzador.
Dejando de lado que la futurología no forma parte de las habilidades del actual Gobierno, sin entrar a valorar si la crisis ha tocado fondo o sigue escarbando, cabe deplorar la frecuencia con que el análisis o las valoraciones acaban ceñidas al estricto guarismo de evolución del Producto Interior Bruto (PIB).
Una economía no tiene más sentido que proporcionar ocupación, bienestar y prosperidad a los ciudadanos. De ahí que un retroceso de casi diez puntos en la tasa de empleo sea bastante más importante que el porcentaje en que se contraiga el PIB, por más que uno y otro dato guarden clara correlación. Yendo de los grandes números a las realidades, resulta que el último año se han añadido más de un millón doscientas mil personas a la dramática lista de quienes quieren trabajar y no pueden hacerlo, con todo lo que esa situación llega a representar. Un dato que, por cierto, no resiste comparación con el resto de la eurozona, salvo algún país báltico de reducida dimensión.
En realidad es difícilmente comprensible, no sólo lo que en esta coyuntura se dice o calla, sino también la euforia que en tiempos no demasiado lejanos solía manifestarse: el conservador España va bien o la progresista economía de Champions League, en ambos casos pronunciados cuando la tasa de paro rondaba el 10 por ciento de la población activa; esto es, alrededor de dos millones de personas privadas de ocupación.
Sin duda, hay explicaciones para todo: patrón de crecimiento, inmigración, modelo laboral, cuadro de subsidios, factores formativos, falta de movilidad, ineficiencia de las políticas activas, etcétera, pero la realidad es la que es… incluso cuando las cosas se supone que marchan bien.
Sin creer o dudar sobre los vaticinios que ven España camino de los cinco millones de desempleados, sólo considerando los 4,2 millones que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) no cabe otra conclusión que son muchos, demasiados… también para confiar que la evolución del PIB en los próximos trimestres vaya a mejorar. Mantener alrededor del 10 por ciento de la población española en situación improductiva -subsidiada o no- es una merma de las capacidades de crecimiento que no debería continuar. O, dicho en otros términos, acabar con ello deberían ser objetivo y propósito prioritarios de todos los dedicados a la cosa pública, sea en el Gobierno o en la oposición. ¿O es que no están, de verdad, de acuerdo en esa necesidad?
El PIB puede sonar, de hecho suena a muchos como un concepto abstracto, pero en él subyace una realidad personal y colectiva de ocupación, bienestar y prosperidad… o para demasiados todo lo contrario, al punto que cuesta cada día más entender el empeño de tantos por preservar un esquema que ni en las fases de crecimiento acaba de funcionar. Una economía, un modelo que no es capaz de dar trabajo a una parte relevante de la sociedad, no vale la pena ni hay comparación que pueda consolar.
Enrique Badía