Mariano Calleja nos contaba ayer en ABC la indignación que ha producido en el Congreso el último informe de Amnistía Internacional sobre «el estado de los derechos humanos» que contiene un capítulo sobre España verdaderamente esperpéntico. La información daba cuenta, asimismo, de la reacción del diputado Carlos Salvador, de UPN, que ha sido el primero en preguntar al Gobierno sobre sus gestiones y el modo que ha informado a la citada ONG para evitar que el esperpento se consumara, que se ha consumado. La lectura del informe, en lo relativo a España, produce más pena que rabia, ya que, si cada cual, aunque se llame Amnistía Internacional, puede echar sobre su espalda el peso de la indigencia intelectual que desee, desilusiona que una organización tan prestigiosa, de la que se esperan llamadas de atención sobre las violaciones de los derechos humanos, haga el ridículo de un modo tan espectacular.
Amnistía Internacional llama a ETA «grupo armado vasco», sus asesinatos se convierten en «homicidios», los asesinados que cita -porque los «militares» no merecen que se incluya su nombre- «murieron por disparos». Quienes tienen como objetivo desentrañar lo que realmente ocurre, denunciar las violaciones de derechos humanos y reclamar y exigir a los gobiernos, deberían ser más cuidadosos con el lenguaje, que en este caso es bochornoso. «No se profana el lenguaje -escribía Joseph Roth- sin profanar el espíritu, la dignidad, la libertad». ¿Cuándo se refieren a gobiernos opresores y contrarios a los derechos humanos, las acusaciones de Amnistía Internacional tienen el mismo lenguaje degradado y, en el fondo, mentiroso? ¿O es que ETA, cual «grupo armado vasco», es mejor tratado que esos gobiernos?
No sólo eso produce escándalo y genera desconfianza sobre las actividades de esta ONG. En lo referente al epígrafe «tortura y otros malos tratos», el documento hace referencia a la recepción de informes y denuncias negando que en todos los casos hubiera investigaciones exhaustivas e independientes y aludiendo a que algunas autoridades aseguran que se trata de estrategias para desacreditar al Estado. ¿Qué informes? ¿Qué denuncias? ¿Ha hecho algo Amnistía Internacional para averiguar la veracidad de las denuncias o su fundamento en indicios razonables? ¿En qué casos no se ha investigado correctamente? Ya que la ONG no aclara nada se podría pensar que, para ella, valen tanto las denuncias falsas como las justificadas y que no está dispuesta a hacer el mínimo esfuerzo para determinar qué tipo de estrategias de desacreditación del Estado de Derecho (no «del Estado», sino del Estado de Derecho) son utilizadas por las bandas terroristas que llama «grupos armados».
La vara de medir es, evidentemente, distinta. La terminología, escandalosa. El rigor, inexistente. Amnistía Internacional, metida este barrizal moral, se descredita a sí misma. ¿Será todo el informe así? ¿Dará igual crédito a las justificaciones de las dictaduras violentas que a las denuncias de los terroristas? Lo bajo que puede caer lo que inicialmente era una buena idea…
Germán Yanke