El convergente Sánchez-Llibre y el peneuvista Azpiazu pronunciaron unos notables discursos. El catalán arrancó con fuerza y precisión: «Se apoderan y hurtan las competencias de las Comunidades Autónomas», lo que, aseguraba, «es plenamente inconstitucional. No lo vamos a tolerar». «¿Para qué existen las leyes?» -proseguía-. «El Banco de España no está exento de la aplicación de la ley» y, con esta propuesta, a su juicio, «se pasan la legislación por el forro». Y concluía: El Fondo es «antiestatutario e inconstitucional». No esquivó sin embargo su criterio favorable al «objetivo» del FROB, con la clara discrepancia hacia «la metodología».
El vasco no se ha quedado atrás. Ha esbozado una plática algo pedagógica sobre el Fondo que ha sido de agradecer. Y lo ha dicho claro: no ha dado sus votos al Real Decreto convalidado en el Congreso con la suma del PSOE y del PP «porque se salta las reglas del juego y los Estatutos de Autonomía». No negaba, como Sánchez Llibre, que el Fondo de Reestructuración ordenada bancaria «sea una solución razonablemente aceptable» para abordar la seria crisis de numerosas entidades de ahorro, «pero la gestión política del acuerdo ha sido nefasta». Azpiazu denunciaba «intromisión» en las competencias autonómicas y dijo echar de menos que en este asunto no haya oído al lehendakari Patxi López. De paso arremetió también contra Montoro, quien había sugerido que hay regiones que no quieren grandes sistemas públicos. «Lo que Montoro no quiere -saltaba-, como otros del PSOE, es que haya Autonomías». Montoro gesticulaba con los brazos en su escaño en reproche de la excentricidad.
En un tono más pedagógico, el diputado nacionalista vasco mostró su perplejidad por la capacidad de endeudamiento contemplada en el FROP, hasta 90.000 millones de euros, cuando el Banco de España, recordó, calcula el volumen de patrimonio de todas las entidades financieras en el doble, 180.000 millones. «Parece excesivo», defendía Azpiazu, que los recursos asignados al fondo sean el 50 por ciento del patrimonio de las entidades, «salvo que haya problemas de enjundia que desconocemos». Y volvió sobre el marco autonómico, y expresó su esperanza de el lehendakari López «no deje al pairo el Estatuto de Gernika».
La importancia del acuerdo entre socialistas y populares para salvar el FROB no ha pasado inadvertida en otros nacionalistas. Joan Ridao, de ERC, parecía lamentar que «el Gobierno y el PP, con las cosas de comer no juegan», y acusaba al Ejecutivo de haber seguido «la doctrina Aznar» con la «privatización» de las Cajas.
Pero Gaspar Llamazares aplicaba la práctica médica a la política del Gobierno. «Es otra transfusión, y van dos», decía. El Doctor alertaba de los riesgos de «la transfusión a un paciente, cuando no se conoce la enfermedad», y ha sentenciado que, en tal caso, «no sólo es inútil (la transfusión sanguínea) sino contraproducente». También se ha mostrado incómodo con el refuerzo de la función del Banco de España, con lo que interpreta que el Gobierno «elude su responsabilidad».
El BNG considera que estamos ante «recetas ultraliberales del gobernador del Banco de España», y pidió, directamente, «la depuración» de los directivos «anteriores» de las Cajas de Ahorros que requieran una nueva gestión. La cuestión seguía siendo el fuero. El huevo vendría con la aportación del FROB. Pero la reclamación más compacta ha sido la del «respeto competencial» (Azpiazu).
Rosa Díez no quería «barra libre» para todos, para las entidades que han gestionado bien y para las que lo han hecho mal. Se ha mostrado a favor de garantizar los intereses de los impositores y ahorradores, pero ha pedido que se apliquen con transparencia «las reglas del mercado». Planteó, en suma, que se castigue a quien no ha gestionado como debía ante el aporte del dinero del contribuyente y dijo, también, que las Autonomías tienen su cuota de responsabilidad en el deterioro del sistema financiero actual.
Chelo Aparicio