A finales del XIX hizo fortuna la expresión de los «barones ladrones» referidas a los jefes de fila de las grandes compañías industriales ansiosos a la hora de evitar la competencia y defender condiciones de monopolio en defensa de sus intereses. De entonces data la legislación antitrust y las comisiones reguladoras como entidades públicas independientes para promover la leal competencia y la equidad de condiciones.
De esta crisis actual saldrán también nuevos mecanismos de regulación, especialmente para el sector financiero, que está en el centro del problema, como lo estuvo también tras la Gran Depresión de los años treinta. Y entre los temas sensibles aparece la retribución de los ejecutivos de las grandes compañías.
Los sueldos millonarios en euros de ejecutivos que vinculan sus ingresos a objetivos a corto plazo se convierten en escándalo insoportable, especialmente para los casos de manifiesto fracaso empresarial. Banqueros que dejan sus cargos con indemnizaciones escandalosas y los balances de las compañías lo más cerca de la quiebra.
Políticos como el presidente Obama, la canciller Merkel o el presidente Sarkozy están decididos a poner coto a esas prácticas aunque hasta ahora han tropezado con serios obstáculos a sus pretensiones. Los compromisos de los contratos y las habilidades mercantiles para sostener bonus, primas, compensaciones, etc., han impedido, hasta ahora, poner orden y topes a semejantes prácticas. Pero los políticos están en ello, desde la Comisión Europea se reitera la voluntad de regular las retribuciones de los ejecutivos como una de las piezas básicas de la rectificación tras la crisis.
El argumento de las grandes compañías es que no pueden perder a los mejores y que no hay otro estímulo que el premio de la retribución más atractiva. Pero ese objetivo puede ser compatible con unos requisitos que justifiquen la oportunidad de semejantes retribuciones y su coherencia con los resultados de las compañías.
Una de las condiciones que se apuntan como razonables tiene que ver con los plazos: las compensaciones deben ser a largo plazo y vinculadas a objetivos evidentes y sostenibles. Ángel Galíndez, que fue presidente del Banco de Vizcaya y un avanzado en estos temas de la función de los altos ejecutivos y su retribución, decía que a los consejeros de las compañías había que imponerles compromisos de dedicación, incompatibilidades para prevenir los conflictos de intereses y compensaciones a largo plazo, sobre resultados efectivos y contrastados. Ése puede ser un buen camino a recorrer, el de la transparencia y la consistencia.
Fernando González Urbaneja