En vísperas de la celebración en Pittsburgh (EEUU) de la tercera cumbre del G-20 con la vituperada crisis como tema principal, la Comisión Europea ha presentado una innovadora propuesta de reforma de la arquitectura financiera, que en palabras del comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, «es la primera que precisa todos los detalles de un instrumento que todo el mundo considera necesario y urgente».
Un nuevo sistema europeo de control que podría servir como referente mundial, con el objetivo puesto en que los contribuyentes no tengamos que volver a rescatar a la banca, y que está compuesto por un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (ESRB en inglés) y un Sistema Europeo de Supervisores Financieros (ESFS en inglés) en el que además de las autoridades nacionales tendrán cabida tres autoridades europeas basadas en los actuales comités europeos de supervisores bancarios (CEBS), bursátiles (CESR) y de seguros (CEIOPS) que adquirirán nuevas competencias.
El ESRB analizará toda la información macroeconómica disponible a fin de, en caso de descubrir posibles riesgos, emitir la correspondiente alerta haciendo las necesarias recomendaciones al Estado miembro implicado que tendrá que responder informando sobre las medidas que adoptará para subsanar el problema, o bien dar las correspondientes explicaciones de por qué renuncia a actuar. Es decir, que las decisiones del ESRB no son vinculantes -de hecho algunas pueden no ser públicas-, hecho al que el comisario Almunia resta importancia afirmando que los Estados seguirán las citadas recomendaciones por las consecuencias que tendría no hacerlo y por la presión del resto de socios.
El Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos estará compuesto por los gobernadores de los 27 Bancos Centrales, el presidente y el vicepresidente del Banco Central Europeo, un representante de la Comisión Europea y los presidentes de las tres autoridades de supervisión. Además, sin derecho a voto, también estarán representados los supervisores nacionales y el presidente del Comité Económico y Financiero de la UE.
En cuanto a la supervisión financiera, diaria seguirá estando en manos de las autoridades nacionales, pero las europeas deberán vigilar a las entidades financieras que operen en más de un país y tendrán poderes de mediación cuando existan discrepancias entre las citadas autoridades nacionales de los diferentes países en los que esté operándose.
Ante las renuencias de ciertos Estados miembros como el Reino Unido, las citadas autoridades supranacionales no podrán tomar decisiones que afecten a las competencias presupuestarias de los Estados miembros, existiendo un mecanismo de salvaguardia que permite a éstos recurrir dichas decisiones, quedando la decisión final en esos casos en manos de los Veintisiete.
Las propuestas presentadas esta semana por la Comisión Europea tienen ante sí un periodo de negociación en el que según el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, habrá duras discusiones tanto entre los ministros de Economía de los Estados miembros, como en el Parlamento Europeo, pero deberán darse prisa si se quiere cumplir con la meta temporal marcada: nuevo marco plenamente establecido en 2010. De momento veremos si en Pittsburg la UE tiene ese papel de liderazgo que se persigue y si el Fondo Monetario Internacional (FMI) aboga por la creación de un órgano de características similares al europeo, vinculado al Consejo de Estabilidad Financiera.
Ramón Tamames