El levantamiento parcial del secreto del sumario ‘Gürtel’ en el Tribunal Superior de Madrid ha revelado 71 imputados relacionados de un modo u otro con el Partido Popular en Madrid. El auto judicial coincide con el escándalo -aún periodístico- de un informe policial que podría referirse a la financiación ilegal del mismo partido en Valencia. No son hechos similares, no hay duda, porque en el primer caso estamos ante una imputación judicial tras el cotejo y la investigación de muchos documentos y, en el segundo, a un informe -en algunos extremos entre paradójico y esperpéntico- que no ha sido tomado en consideración por los jueces, seguramente por ser un refrito de otros informes ya analizados y que ahora sale a la luz con más intención de dañar que de aportar algo nuevo y contundente a la Justicia. Pero también es cierto que los dos hechos, como otros asuntos anteriores, ponen las cuentas del PP (y las particulares de algunos de sus dirigentes y colaboradores) en el punto de mira de la opinión pública.
La estrategia del PP es variada, siempre en un escenario en el que denuncia una persecución de la Fiscalía y la Policía Judicial a las órdenes del Gobierno. En Madrid se asegura que ya se ha hecho lo que se tenía que hacer (mediante las dimisiones y los expedientes internos abiertos) y en Valencia se pide que se haga lo que se tiene que hacer, es decir, explicarse con claridad, mientras allí se responde que ya se ha hecho. Se diría que, ante la Justicia, el PP confía en que, a la postre, sean castigados los que no le importa que sean castigados y resulten exonerados los que desea que sean exonerados. Ante el electorado da la impresión de que se confía en que, de un lado, estos asuntos estén ya olvidados antes de los próximos comicios y, de otra parte, en que no tengan especial relevancia en la intención de voto. Y es cierto que, hasta el momento, los escándalos de corrupción (ya sean meras denuncias o hechos probados) no han tenido la incidencia de otros asuntos. Es más, de paso (o más bien forzados por los acontecimientos), los populares quieren convertir al Gobierno es un perseguidor encarnizado que trata de disimular sus problemas cotidianos de gestión, sobre todo ante la crisis económica.
Quizá todo resulte «bien» para el PP con esta estrategia, pero hay otra vertiente que, más invisible aún que la intención de voto, va conformando las voluntades y las opiniones de los ciudadanos. No es otra que, sencillamente, la opinión pública, que es, además, ante la que los acusadores plantean la cuestión, llegue ésta o no a los tribunales. No se puede esconder un cierto desconcierto entre votantes confirmados o posibles del PP, que esperaban una reacción de más calado. Tampoco la preocupación de muchos de sus militantes, para los que estos temas se han convertido en el primer asunto de conversación intrapartidaria y ante el que sólo son capaces de balbucear disculpas o explicaciones retóricas recogidas aquí o allá. El PP debería considerar si, en vez de atrincherarse siempre (porque quizá en algún momento convenga), es conveniente salir a la arena, investigar lo ocurrido con profundidad, dar las explicaciones oportunas con claridad, depurar las responsabilidades en su caso y validar la inocencia de otros más allá de las cortinas de humo y las declaraciones formales de apoyo. Algunos dicen que ya se ha hecho, pero lo importante es que, a cierta distancia (que es la que tiene la mayoría), no se nota.
Germán Yanke