La vanidad es debilidad humana, tanto más acusada cuando afecta a quienes viven relativamente dependientes de su imagen personal. Es particularmente marcada en los dedicados a la política, buena parte de cuyo futuro depende de la percepción que los ciudadanos tengan de ellos, dado que antes o después deberán optar entre votarlos o no. Pero deja de ser normal cuando se incurre en excesos imposibles de justificar.
Estos días se están conociendo detalles de la inquietud de algunos integrantes del tripartito que gobierna la Generalitat de Cataluña por conocer su imagen a ojos de la sociedad. Se ha sabido que algún colaborador -la identidad no está clara- del presidente Montilla para asuntos mediáticos encargó un análisis sobre el afecto o desafecto que varios columnistas mostraban hacia el Ejecutivo catalán. También que un consejero hizo lo propio para medir el impacto sobre su imagen de la sátira que semanalmente le dedicaba Polonia, un popular programa que emite la televisión autonómica, TV3.
Por opinable que sea, no se aprecia la utilidad pública de tales estudios, que como es imaginable fueron pagados con fondos del presupuesto de la Generalitat. Tampoco se entiende la necesidad de encomendar su realización a proveedores externos. ¿No sirven los amplios medios, personales y organizativos, de que dispone la administración autonómica?
Analizar lo que escribe media docena de columnistas no debería exceder las capacidades de un alto cargo del área de Comunicación ni, todavía menos, las del vasto equipo de asesores, funcionarios y colaboradores dedicado a tales tareas. Por no mencionar otros sesgos subyacentes tras la encomienda, más dignos de otros sistemas políticos, distintos del que los concernidos aseguran servir.
Tampoco cabe pasar por alto que, por comprensible que sea la preocupación personal por la incidencia que pueda comportar para su imagen el componente peyorativo de una imitación satírica, no existe justificación para que su medición corra a cargo de los impuestos satisfechos por la sociedad; lo lógico sería que lo sufragara el preocupado o, todo lo más, el partido a cuya cúpula dirigente pertenece, por lo que pudiera tener de efecto desfavorable en las expectativas electorales de la formación.
Huelga decir que ningún inspirador directo parece estar sufriendo otra cosa que la puesta en evidencia en los medios de comunicación. Se puede pensar que lo tienen más o menos merecido, pero no estaría de más reflexionar sobre algo que suele quedar obviado: por lo general, tales conductas no se producen por exclusiva iniciativa propia, sino que acostumbran a contar con la inducción o cuando menos el beneplácito del superior jerárquico, por más que éste acostumbre descargar sobre el subordinado toda la responsabilidad. Incluso suponiendo que no tuviese conocimiento previo, hay que deducir que sí tuvo que acceder al resultado del estudio y, en tal caso, ¿no se le ocurrió indagar cómo se había gestado?, ¿no le sonó cuando menos indebido?
Más allá de este par de casos concretos, se ha sabido que la Generalitat encarga del orden de 2.500 trabajos externos y que, gracias a un muestreo realizado sobre unos trescientos, ha resultado que un diez por ciento no estaba justificado y otro tanto hubiera podido -debido- realizarse con los medios de que dispone la propia administración. Es decir, 60 encargos y el correspondiente gasto que podrían haberse ahorrado… algunos que tanto presumen ser más austeros que los demás.
Enrique Badía