Habrá que convenir en la inadecuación institucional de la OEA (Organización de Estados Americanos) para enfrentarse a la realidad hemisférica creada por la irrupción del chavismo. Este hecho, que afecta de forma central a la función desempeñada por la diplomacia española en la región durante los últimos 100 años, explicaría por sí solo el peligroso atasco en que se encuentra encallada la crisis institucional de Honduras, de modo muy especial tras el nuevo fracaso de la organización interamericana en sus gestiones para desbloquear la crisis.
Las posiciones de unos y otros, de los representantes internos e internacionales del depuesto Manuel Zelaya, y del poder interino que permanece al frente del país, han sido insensibles a la presencia de la delegación interamericana, presidida por José Miguel Insulza, secretario general, y formada por varios ministros de Asuntos Exteriores. La presión y el forcejeo han sido en vano porque lo que se debate es una cuestión de principio: el derecho de Honduras a resolver desde su autonomía soberana un conflicto de poderes entre las competencias de uno de ellos, que representaba el depuesto Zelaya como presidente electo del país, y el de los otros dos (el Legislativo y el Judicial), con las suyas propias; uno, para hacer las leyes, y el otro para velar por su cumplimiento. Y todos ellos, encuadrados en el marco normativo que la Constitución hondureña representa.
Dentro de ese marco constitucional se encuentra establecido, desde antes de que Zelaya llegara al poder y después de que Zelaya fuera descabalgado por legisladores y jueces, que un presidente no puede optar a su reelección. Tal es la regla de juego. También lo es la otra de que el presidencial es un poder constituido y, por ello mismo, no se puede irrogar competencias constituyentes como la de convocar un referéndum en el que se decida el cambio de la Constitución vigente, puesto que la misma le prohíbe actuaciones de esa naturaleza.
El pleito es claro, nítidamente definido. Se trata de un problema institucional que debe ser resuelto, tal como se hizo, dentro del espacio de soberanía hondureño. Nunca desde fuera de ese espacio, lo diga Caracas o lo sostenga Madrid, y tras de ambos, Bruselas o el propio Washington. Al principio de soberanía se añade el de la legalidad democrática, que enmarca y define el ámbito de legitimidad política. Y como quiera que el depuesto Zelaya se excedió ostensiblemente en el ejercicio de la atribuciones propias de la magistratura para la que fue elegido, perdió Zelaya su legitimidad política y la base democrática de su propia elección.
En términos de soberanía nacional la cuestión no tiene vuelta de hoja. Y presenta además sus flecos: las responsabilidades derivadas de atentar directamente contra el imperativo constitucional de atenerse a la ley que juró respetar al asumir la presidencia de Honduras. ¿Tienen los hondureños que renunciar a su ley para plegarse a la voluntad de quienes han sido los inductores de la infracción de Zelaya, por muchos que sean éstos, y por muchos más que sean quienes apoyan a éstos desde Madrid, Bruselas y Washington? Lo que ocurre clama al cielo. Es un atraco institucionalizado por la OEA.
José Javaloyes