Casi con toda seguridad no podía ser de otra manera. Los 17 buques que componen la flota pesquera española que faena en el Océano Índico, frente a las costas de Somalia, se habrán retirado ya este sábado, o lo estarán haciendo aún, hacia las islas Seychelles desde los caladeros donde faenaban en el momento de que fuera abordado el atunero vasco «Alakrana», en la media madrugada del viernes, mientras la tripulación dormía y era la ocasión más propicia para que se produjera el abordaje, en el propio «Alakrana» -que ya escapó de otro intento- o en cualquiera de los otros pesqueros españoles, puesto que los atuneros franceses faenan seguros desde el momento en que les fueron embarcados infantes de marina, cuya presencia por si sola disuade a los piratas.
En toda cadena de lo que sea, pero muy especialmente si es de seguridad, el límite de su fuerza reside en el más débil de sus eslabones. En la cadena establecida por la Unión Europea para aquellas de sus flotas pesqueras que faenan en el Índico, junto al agujero negro internacional que es el mundo somalí, hay un eslabón reforzado que es el francés, por la incorporación de infantes de marina. Como consecuencia, hay otros eslabones -todos los demás, por consecuencia-, entre los que destaca el eslabón español, en el que concurre además una reforzada cuota de riesgo por ser, posiblemente, la flota más numerosa de todas. Nuestros atuneros, probabilísticamente, son los titulares de más números en la negra lotería de los piratas.
Por eso resulta tan razonable, tan atenido a la realidad de las cosas, el acuerdo de nuestros armadores de suspender los trabajos de pesca y salir del caladero, para guarecerse en las islas Seychelles donde tienen su base operativa, hasta que escampe la aducida imposibilidad legal que, supuestamente, impide al Gobierno español proteger a nuestra flota atunera en aquellas aguas de la misma manera que protege el Gobierno francés a la suya. Argumento este cuya sostenida esgrima origina, por obvias razones, una concentración de riesgo, una añadida inseguridad, para nuestros barcos.
Porque, veamos, ¿qué «razones jurídicas» son esa que impiden la incorporación de tropa propia a nuestros pesqueros? No cabe entender otra cosa que razones de legalidad de un concreto rango normativo. ¿No es posible modificarlas o suspenderlas por causa de urgencia a través del procedimiento que corresponda? Ese argumento de legalidad no vale, y tampoco debe prevalecer otra razón de principio que la del primado de los intereses nacionales.
De otro punto, el hecho de que el barco secuestrado se encontraba faenando fuera del área y lejos del perímetro de seguridad correspondiente a la llamada operación «Atlanta», tal como se señala oficialmente, no altera y ni mucho menos invalida las objeciones hechas al planteamiento del Gobierno sobre este particular de la seguridad de nuestra flota. Lo propio de ésta es operar allí donde la pesca es más abundante, que no hacerlo allí donde el trabajo resulta más seguro. Para seguridad, quedarse en la base operativa de las Seychelles, y para seguridad absoluta, no haber salido de la base de Bermeo. Pero, sabido es, a seguridad absoluta coste infinito.
Cabe una apuesta, doble contra sencillo, a que la flota francesa pesca fuera de «Atlanta».
José Javaloyes