Posiblemente tiene razón Cristóbal Montoro, la cabeza pensante del PP en materia económica, en alertar del riesgo de que la reordenación de las cajas de ahorros termine por consolidar bancos regionales dependientes del comisario político de turno. Montoro tiene tanta razón al decir esto que no ha tenido que salir de casa para hacer acopio de pruebas. En estos momentos hay varios proyectos de fusiones de marcha, unas guiadas o inspiradas o dirigidas por el PP, otras por el PSOE, otras por terceras fuerzas. Pero en ningún caso hemos visto una experiencia de fusión interregional, es decir, algo que diferencie a lo que se está haciendo (fusiones en el ámbito autonómico, con claro control político) de lo que sería deseable. En la reordenación del sector, los políticos tienen inevitablemente mucho que decir, no en vano han moldeado las leyes autonómicas que regulan la actividad de las cajas en sus propios territorios. Pero sería bueno que, en bien de las propias entidades financieras y desde luego de la región en la que operan, las fusiones pudieran hacer por una vez con altitud de miras profesionales, dejando de lado el clientelismo al que hoy por hoy ninguno de los partidos ha osado renunciar.
Las fusiones que están en estos momentos sobre la mesa afectan a Andalucía (tres cajas de la región, con Unicaja de maestro de ceremonias y el PSOE como rector de la operación), a Cataluña (tres cajas de fundación privada pero con tutela socialista y con Caixa Catalunya a la cabeza) y a Castilla y León (tres cajas controladas por el PP, con Caja España como primer espada del grupo). Tanto es el férreo control político de estas tres fusiones posibles que hasta en la fase técnica de las negociaciones con el Banco de España participa un representante del poder político, algo ciertamente insólito.
Estas tres fusiones posiblemente salgan adelante, con apoyos financieros de diversa cuantía, ya que las tres alianzas (es decir, las nueva cajas) tendrán que aprovechar la ocasión para ajustar tamaño, medios y balances, ya que en los tres casos hay algunos activos irrecuperables y excesos considerables de capacidad, lo que requiere un ERE colectivo que previsiblemente será financiado con dinero público.
Pero las reválidas que darán la oportunidad de comprobar si la reordenación de las cajas se reduce exclusivamente a una consolidación del poder político o abren la puerta a experiencias más ambiciosas de índole profesional, a algo realmente más serio, son las que van a desarrollarse en torno al futuro de CCM, a la reorganización del difícil mapa valenciano y a la compleja armadura de poder en la caja madrileña, una de las cajas con un mayor grado de deterioro en su balance y que está reclamando a gritos una gestión profesionalizada de forma urgente al margen de las luchas políticas internas en pos de su control. La identidad del nuevo presidente, profesional o político, será una especie de anticipo de por dónde se orientarán los pasos de la segunda mayor caja española. Hay algunos casos más, como la segunda fusión catalana o la siempre aplazada fusión de las cajas vascas, en donde por fortuna, y a diferencia de casi todos los demás, el grado de solvencia no presenta el mismo carácter precario que en la mayoría de las entidades en fase de fusión.
En el País Vasco, la BBK es un serio aspirante a liderar operaciones solventes de reordenación financiera, no sólo dentro del propio territorio sino también extramuros de la región. La caja vizcaína parece haber heredado los genes del acreditado buen hacer de los profesionales vascos del sector financiero. Pero como en esta vida la felicidad nunca es completa, el hipotético expansionismo de la BBK puede dar paso a algunas reticencias en otros territorios dado el carácter vasco de sus gestores. Este hecho no ha sido obstáculo para que en el pasado el mundo bancario y financiero español haya estado sembrado con apellidos vascos. Tampoco para que la propia caja castellano manchega haya contado, para su reflotamiento, con profesionales de ascendencia vasca. Pero si las instituciones financieras de origen vasco han tenido un activo papel en el pasado gracias a su acreditada capacidad gestora en lo financiero, no tendría sentido que algunas cajas de la región, en especial la BBK, quedaran al margen del proceso de reorganización del sector.
La subasta de la CCM va a ser, en todo caso, una de las pocas experiencias en las que el cruce de influencias políticas regionales y eventualmente políticas podría dar paso a una entidad nueva con menos matices políticos y más enjundia profesional bancaria. Se hará, desde luego, con bastante dinero público, no autonómico sino estatal, lo que autoriza al Banco de España a realizar un trabajo más solvente, que trascienda de las pequeñas tribus locales para dar paso a entidades financieras con mayor capacidad.
Primo González