Terminamos hoy con la serie de cuatro entregas sobre ciudades sostenibles, en lo que creo puede haber sido una exposición bastante general, con apreciación de algunos detalles de lo que actualmente constituye el fenómeno demográfico más importante: la expansión de las ciudades, en donde ya vive más del 50 por 100 de los ciudadanos del mundo. Y que por eso mismo, para facilitar el funcionamiento de la economía y garantizar una cierta calidad de vida, han de ser más y más sostenibles. En el capítulo de hoy, aparecen las últimas funciones importantes que pueden cumplir esas ciudades.
Energía
Las ciudades han de recurrir al diseño y la planificación para conseguir el máximo de eficiencia energética, e incidir lo menos posible en el calentamiento global; a base de regular la arquitectura bioclimática, con aspectos como selección de los materiales y elementos de construcción más adecuados, con las mejores técnicas de aislamiento, la ubicación de actividades en el entorno, dedicando atención a la energía solar en tejados y terrazas. Por lo demás, subrayemos que la edificación en altura implica un menor consumo energético por habitante que las viviendas unifamiliares aisladas.
Tampoco deben olvidarse las infraestructuras verdes, que pueden tener incluso un gran papel como sumideros de CO2 y a afectos de microclima en algunas zonas. En ese sentido, los arbolados son muy apreciados en todo el mundo, de manera que, por ejemplo, en Australia, la ciudad de Melbourne destaca sobre las demás por sus tree-lined streets. Y si me permiten la mención: los árboles de Madrid son el tesoro de la ciudad.
En la misma línea de inquietudes, son de interés el consumo de biomasa proveniente de los residuos urbanos para la producción de biogás, a partir de los antiguos vertederos; siempre buscando el más alto nivel de autogeneración, en lo que cabe destacar la ciudad de Helsinki, que produce el 84 por 100 de la energía que consume, en tanto que en Holanda se han desarrollado métodos de alta eficiencia energética para grandes complejos urbanos. Y como ya vimos en el caso del agua, también en la energía conviene promocionar los contadores eléctricos por unidad de consumo, al objeto de ofertar precios bajos de tarifa para los bloques de consumo indispensables, con precios crecientes para los restantes.
Residuos
Los residuos líquidos urbanos (RLU) suponen una carga biológica problemática en los casos de aguas fecales de residentes y de origen hospitalario, centros escolares y todo tipo de empresas. Para lo cual ha de contarse con una suficiente red de colectores y depuradoras. Algo que no es tan sencillo de implantar en asentamientos no clasificables ni como rurales ni urbanos, y que en gran proporción son ilegales.
Por otra parte, dentro de los residuos sólidos urbanos (RSU), los materiales no biodegradables, principalmente los plásticos y el PVC en particular, constituyen el problema más grave por su creciente acumulación. Y también por las dioxinas que se emiten cuando el PVC mezclado con otros materiales de desecho es incinerado a bajas temperaturas.
En cualquier caso, las metas de toda gestión sostenible de residuos tienen un proceso lógico: prevención y menor producción de los mismos siempre que sea posible, con reutilización directa o después de tratamiento. Otra meta de interés consiste en reducir las necesidades de transporte, que además de resultar caro tiene un impacto ambiental directo. Como igualmente la normativa urbana ha de exigir que los trabajos de demolición vayan seguidos del reciclado de los inertes producidos; y previamente ha de conseguirse que los extractores de materiales de construcción (áridos, caliza para cemento, arcilla para cerámicas, etc.) en los entornos periurbanos -y no importa en qué otros lugares- sean objeto de readaptación y vetegalización (caso de canteras, graveras, etc.).
Vivienda
En los tiempos actuales, la vivienda además de considerarse un bien privado, también lo es social: como elemento básico en cualquier comunidad humana, y en el conjunto de las relaciones personales. En ese sentido, recordemos que el artículo 11 del Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales (suscrito en 1976), se define como la vivienda como
…el derecho de todas las personas a un nivel de vida satisfactorio para sí mismas y para su familia; lo que significa vivienda, vestimenta y alimentación adecuadas, así como una mejora constante de sus condiciones de vida.
En la línea apuntada, en todos los países se ha generalizado la intervención de las autoridades locales en el mercado de la vivienda. Generalmente para subvencionar las destinadas a los preceptores de rentas más bajas; con porcentajes que varían considerablemente. En el caso de la UE: Bélgica, 25,7 unidades de alojamiento social por 1.000 habitantes, frente a 66,6 en Francia, 99,2 en los länder de la antigua Alemania Occidental, 104,5 en el Reino Unido, y 136,5 Holanda.
Más en concreto, sobre políticas públicas de vivienda social cabe hacer algunas recomendaciones:
– Aumentar la oferta, tanto en términos de adquisición como de arrendamientos. Teniéndose en cuenta que el alquiler es una fórmula importante para favorecer la movilidad poblacional, sobre todo en los aspectos laborales a fin de luchar contra el quietismo. Un fenómenos este último que se manifiesta en el caso de España con gran agudeza, entre otras cosas porque el 85 por ciento de los ciudadanos viven en sus propias viviendas; mientras que en Alemania, por ejemplo, más del 50 por ciento son meros inquilinos. Fomentar, pues, el alquiler, ha de ser un objetivo prioritario, sobre todo para la población joven. Como también hay que pensar en los inmigrantes, refugiados y discapacitados.
– Dar prioridad a las familias con mayor necesidad según nivel de renta y número de hijos. Pero sin perder de vista la política de no incentivar las familias demasiado numerosas (más de tres hijos), para así alcanzar una cierta maduración demográfica.
– Mejorar la calidad de las viviendas sociales, tanto en lo que se refiere al diseño y al confort interiores (eficiencia energética), como al entorno exterior (seguridad, accesibilidad al trabajo, escuelas y otro tipo de infraestructura). Muchas veces se olvida que con los mismos recursos pueden lograrse mayores estética y armonía; configurando paisajes urbanos más atractivos, en vez de caer en lo rutinario, y a veces conscientemente en la idea de que las casas baratas deben parecerlo. Una actitud que procede de la pura negligencia, falta de imaginación, o desinterés público en tantas ocasiones.
– La recuperación de los centros históricos es algo fundamental, sobre todo en las grandes metrópolis. Para así mantener la memoria histórica arquitectónica, evitar la desertización de lo que fueron los otrora centros urbanos (downtowns), y activar toda clase de proyectos culturales y turísticos, contribuyendo de esa forma a una mejor imagen internacional de la ciudad.
– La rehabilitación urbana es otro tema de interés; por su incidencia en la calidad de vida, pues ofrece posibilidades de mejorarla, contribuyendo así a la reducción de las marginaciones sociales, y a la creación de empleo. En ese sentido, en algunos países europeos de lenta expansión demográfica, la rehabilitación representa hasta el 70 por ciento, correspondiendo sólo el 30 a la obra nueva.
Claro es que en la cuestión vivienda/gobiernos locales, hay un grave peligro, desde el punto y hora en que muchas municipalidades son el origen mismo de la especulación del precio del suelo; al conscientemente ralentizar la creación de nuevos terrenos urbanizables, para de ese modo mantener precios altos, a base de expropiar barato y vender caro, en pro de los ingresos de las gerencias urbanísticas, y en definitiva de las de la municipalidad como conjunto. Algo que no deja de ser una muestra de grave cinismo, al hablarse desde los poderes públicos de vivienda social, y sin embargo encarecerla. Tema que no podrá resolverse sino configurando nuevas fuentes de recursos para los ayuntamientos.
Transporte
No puede darse por sentado que la gente vaya a procurar siempre tener el trabajo cerca de donde vive. Lejos de eso y como demuestran investigaciones realizadas en una serie de países de la UE, la realidad es que si se estima que se vivirá mejor a una cierta distancia, se estará dispuesto a hacer recorridos cotidianos más largos; sacrificando tiempo en pro de objetivos de estatus social, económico, o de condiciones ambientales. En esa dirección, se ha demostrado que la tendencia a viajar cada vez más lejos para ir al trabajo es algo que está muy vinculado al nivel educativo: cuanto más alta es la cota de estudios realizados, más probabilidades hay de obtener un buen empleo lejos del lugar de residencia.
Claro es que el mayor uso del automóvil por las razones indicadas y otras varias, no sólo provoca congestión y contaminación, sino que, además, puede llegar a reducir la oferta de transporte público; al resultar que a menos usuarios de esa clase de locomoción, son mayores sus costes. De modo y manera que si no pueden recrecerse los subsidios (debido a restricciones económicas, falta de apoyo político u otras limitaciones), los usuarios del transporte público tendrán que sufrir su encarecimiento; o su reducción.
No obstante, la tendencia a un menor uso del transporte público no es inevitable, si se penaliza razonablemente el uso prioritario del automóvil individual por sus excesos contra el bienestar general. En definitiva, no cabe admitir que no haya solución al dramático problema de millones de personas que todos los días tienen que dedicar tres o cuatro horas a ir al trabajo o al volver de él. Es razonable, pues, el juicio de valor de que el transporte público debe tener máxima prioridad.
Y con esto terminamos la serie, quedando a disposición de los lectores de ESTRELLA DIGITAL en nuestro correo electrónico [email protected]
Ramón Tamames