La batalla tribal por el control de Caja Madrid lleva camino de convertirse en el episodio más lamentable del sector financiero español y, entre otras cosas, en un panteón en el que el PP va a enterrar bastantes cosas, desde su credibilidad y coherencia programática hasta su capacidad para gobernar el país. Hay ya mucha gente que se pregunta a estas alturas si un partido político cuya naturaleza le otorga amplias posibilidades, como representante de un amplio sector de la sociedad, de ser uno de los dos únicos aspirante a la gobernación de España, puede realmente aspirar a tanta responsabilidad si se empantana en asuntos indudablemente menores. Porque menores, en el ámbito de la política, las querellas intestinas que se están desarrollando en torno al control de Caja Madrid, una de las mayores entidades financieras españolas, la cuarta. Lo de Caja Madrid es un ejemplo ilustrativo de la escasa cohesión y al tiempo falta de autoridad que existe en el partido que debería estar más ocupado en ejercer una oposición leal y constructiva que en peleas de patios de vecinos.
Al partido de Rajoy se le ha llenado la boca en los últimos años a la hora de pedir la gestión profesional para las cajas de ahorros. No hay más que ver la confluencia de ambiciones de poder en torno a la batalla para ocupar la presidencia de Caja Madrid para comprender que se trataba indudablemente de un postulado falso. El PP no cree en la profesionalidad de los dirigentes de las cajas de ahorros salvo cuando se trata de esgrimir argumentos descalificadores contra las cajas controladas por sus adversarios políticos. Hay, por lo tanto, una pérdida manifiesta de credibilidad en la doctrina económica del partido. Predicar una cosa y hacer lo contrario en la provisión de la nueva presidencia de la caja madrileña es un atentado flagrante contra la coherencia, que minará la credibilidad de este partido. Al menos, en la vertiente económica y en la institucional. Gane la tribu que gane la batalla por el control de Caja Madrid, el PP ya no podrá seguir diciendo lo mismo en materia de cajas de ahorros, lo que legitimará desgraciadamente las conductas y actuaciones de sus adversarios políticos en otras cajas controladas por el PSOE.
Estas dos últimas legislaturas han sido raquíticas, por no decir absolutamente estériles, en acuerdos de consenso entre las grandes fuerzas políticas, que en realidad son dos tan sólo. Es posiblemente una circunstancia muy desgraciada, porque la etapa histórica que está viviendo el país, en economía y en otros cuestiones vertebrales de la política y la cultura, lo exigía más que nunca. Habrá motivos más que suficientes para asignar culpas y responsabilidades por esta falta de acuerdos en cuestiones básicas, acuerdos que son imprescindibles entre los dos grandes partidos políticos dada la fragmentación de la representación política española (sobre todo por la excesiva representación de los grupos nacionalistas y, en menor medida, por la presencia aún residual pero suficiente de los grupos más a la izquierda de la socialdemocracia), pero lo cierto es que esta espíritu de acuerdos básicos en unas pocas cosas elementales se echa mucho en falta precisamente en las presentes circunstancias.
Sin el dramatismo que plantean cuestiones más inminentes como la superación de la crisis económica, el asunto de las cajas de ahorros está herido de muerte debido a la disparatada fragmentación de los órganos de control de las cajas. La unidad de mercado ha sido severamente conculcada en España, pero en el caso de las cajas de ahorros adquiere unas proporciones inquietantes. El Banco de España, autoridad supervisora única del Estado español, pinta muy poco en las entidades financieras que tienen la forma jurídica de cajas de ahorros. En realidad, las potestades del Banco de España son inmensas, pero difícilmente se podrían ejercitar en las presentes circunstancias. ¿No tendría justificación que el supervisor bancario interviniera media docena de cajas de ahorros en las que existen y hasta coexisten problemas de solvencia, mala administración, gestión imprudente y hasta incapacidad de crear órganos de gobierno que sean capaces de dirigir las entidades sin tener que pasar por la sede de los partidos políticos o de los gobiernos regionales de turno? Los dos grandes partidos políticos deberían ponerse urgentemente de acuerdo para cambiar la ley de las cajas de ahorros, sustraer sus competencias a las autonomías (o, en todo caso, prohibir que las cajas actúen fuera de sus regiones respectivas) y acabar con ese perverso mecanismo de cuotas de poder con el que se arman los Consejos de Administración de las cajas y se proveen los cargos de responsabilidad.
La intervención del Banco de España nunca habrá sido tan necesaria y tan justificada como en el presente. Sin embargo, será difícil que llegue a producirse, a pesar de que sus intervenciones admonitorias y en la sombra se están demostrando cada día plenamente estériles. ¿Cómo puede postularse para presidir una de las primeras instituciones financieras españolas a personas que en su vida han visto un banco, por fieles que sean al partido político que los apadrina? Los políticos llevan meses denigrando a los banqueros que han fabricado la impresionante crisis de estos dos últimos años, que a punto ha estado de arrasar al sistema. Naturalmente no se refieren a España, pero aquí sí que hay elementos suficientes para argumentar que los políticos pueden acabar con el sistema financiero.
Primo González