La multimillonaria estafa del Palau de la Música de Barcelona nos recuerda que España es, efectivamente, uno de los mejores países para enriquecerse. También, añado yo, recurriendo a la estafa, a la apropiación indebida o a la malversación. Este verano, en esta misma columna, me ocupaba del financiero Madof, condenado en Estados Unidos a muchísimos años de cárcel apenas tres meses después de haberse conocido su fraude piramidal. Por el contrario, el hasta ahora muy honorable Sr. Millet, representante de la mejor sociedad catalana por su abnegada dedicación a la cultura, no se encuentra siquiera en prisión provisional. O sea, que España es diferente y no siempre para bien.
Aunque la Fundación presidida por nuestro prócer recibía fondos de muy diversa procedencia, incluidos los puestos generosamente a su disposición por varias administraciones públicas, nunca funcionaron los debidos controles, si es que alguna vez los hubo. Veinte millones de euros -y la cifra podría multiplicarse- no se esfuman en unos meses, entre una inspección y otra. Sin embargo, todo indica que el presunto criminal de cuello blanco y etiqueta negra tampoco cumpliría la pena que pudiera imponérsele. Nuestro ordenamiento penal tiene sus especies protegidas.
La Inspección de Hacienda no suele dedicar a estos ciudadanos aparentemente modélicos la misma atención que a los españolitos que cobran por nómina. O, dicho más suavemente, no parece ser tan efectiva cuando se trata de gente tan requetebién. Por otro lado, el Código Penal de 1995 es muy comprensivo con esta delincuencia específica. La apropiación indebida y la estafa se castigaban anteriormente con penas de hasta once años de cárcel, pero hoy nunca superarán los ocho, sea cual fuere la astronómica suma de dinero que el personaje se haya metido en el bolsillo.
En otros países más ricos, como Alemania y Austria, el límite se sitúa en diez años, y, además, las penas se cumplen un poco más seria y severamente de lo que es habitual entre nosotros. En eso de los beneficios penitenciarios, los permisos y los terceros grados nos encontramos, como en las cifras del paro, a la cabeza del mundo mundial. Otra cosa es que al desgraciado que roba un bolso por el procedimiento del «tirón» le puedan caer en España hasta cinco años. Se trata de una clara manifestación del principio de proporcionalidad en un Estado social y democrático de Derecho. Sabido es que los ricos, precisamente por estar acostumbrados a vivir mejor, sufren en la cárcel más que los pobres.
Pero es que si el Sr. Millet resultara condenado, recurriría en casación ante el Tribunal Supremo y luego en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y mientras tanto se habría ganado a pulso la aplicación de la libertad condicional que se concede automáticamente -a salvo los delitos de terrorismo- a cualquier reo que haya cumplido 70 años. Y hasta podría solicitar una indemnización al Estado si después de tantas molestias fuera absuelto por prescripción del delito, anulación de pruebas o cualquier otra causa. Cosas veredes, Sancho…
José Luis Manzanares