Se suele decir que sólo el libre de pecado está legitimado para lanzar la piedra y, desde ese punto de vista, parece que desgraciadamente ningún partido puede reprochar a otro haber incurrido en conductas corruptas. Ayer, fueron tres municipios de Cataluña los lamentables protagonistas de nuevos casos de presunto latrocinio, con implicaciones para distintos partidos: básicamente, PSC y CiU.
Probablemente no hacía falta, pero constituyen nuevos episodios para reforzar la convicción de que algo importante falla en el ámbito de la Administración local. Como tantas otras veces, las investigaciones han conducido a descubrir presuntas conductas inconfesables en la gestión urbanística, con imputaciones de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales… lo habitual.
Visto desde fuera, no puede sino llamar la atención lo mucho que está costando a los responsables políticos reconocer que existe un flanco lamentable por el que se cuelan desaprensivos en la gestión urbanística de los ayuntamientos. Una parte del problema está directamente relacionado con las insuficiencias que perviven en el modelo de financiación local, pero no es lo único; hay más.
Basta repasar las cuentas de cualquier corporación para constatar que lo que recaudan por los impuestos que gestionan no cubre ni de lejos los gastos incurridos, entre otros por los servicios que prestan. Por una parte, genera unos niveles de endeudamiento que en muchos casos sitúan el Ayuntamiento en el pantanoso terreno de la quiebra técnica. Por otra, fuerza la búsqueda de soluciones más o menos heterodoxas, entre las que destaca la actuación en el mercado de suelo, inmerso en el tan denostado fenómeno de la especulación.
Parezca mejor o peor, la especulación en sí no es tanto el problema, cuanto la puerta por la que pueden colarse conductas merecedoras de tipificación penal y escarmiento. Porque adentrarse en tales prácticas admite dos posibilidades no necesariamente excluyentes: hacerlo en provecho de las arcas municipales o derivarlo en beneficio propio, con ánimo de mejorar estándar de vida y situación patrimonial.
A nadie se oculta tampoco que muchas veces la conducta impresentable se camufla bajo el pretexto de que el partido tiene necesidades que cubrir, aunque probablemente a menudo no sea verdad. Ello enlaza con otro asunto que tampoco han querido solventar los dedicados a la política: el sistema de financiación.
Aunque siempre en privado y voz baja, muchos dirigentes reconocen que los presupuestos de su partido no se nutren únicamente de las cuotas que pagan los militantes y las subvenciones fijadas en los Presupuestos. Eso no da para sostener las sedes, retribuir a los liberados y financiar las costosas campañas electorales, lo que obliga a suscribir préstamos o buscar otras formas de pagar las facturas. En ambos casos, bordeando o entrando de lleno en modos de corrupción. ¿Qué otro nombre merecen los créditos que no se pagan y al final se condonan? ¿O las donaciones de personas y empresas cuya actividad está de una u otra forma sujeta a decisiones administrativas: contratos, calificación del suelo y demás?
Que nadie esté suficientemente legitimado para tirar la primera piedra no debería conducir a ninguna forma de suscripción de una especie de pacto de silencio, sino a la determinación de cerrar los resquicios por los que se cuelan los indeseables y, dado que cerrarlos del todo seguramente resultará imposible, ejercer una mayor vigilancia sobre las propias filas y, en último término, aplicar el escarmiento más rotundo a quien, pese a todo, acabe pringado en cualquier forma de corrupción.
Todavía más deprimente que constatar que en todos los partidos hay sinvergüenzas es que sólo las actuaciones judiciales descubran casos lacerantes. Sería estimulante que, algún día, algún partido cercenara una conducta sin la intervención de ningún juez. ¿O es que la progresión del nivel de vida de los correligionarios no levanta las mismas sospechas que al resto de los mortales? Quizás fuera momento de rescatar la vieja figura de los signos externos como señal de alarma, dado que más de uno sostiene un tren de vida que sus ingresos reconocidos no aciertan justificar.
Enrique Badía