La liberación del pesquero Alakrana y de su tripulación es una excelente noticia para los marineros, sus familias, el armador y el conjunto de los ciudadanos españoles. Pero todo lo ocurrido, desde la captura del barco español hasta su liberación, incluye graves errores y responsabilidades políticas que deben ser depuradas no sólo con palabras sino con los correspondientes ceses de los máximos responsables de este enredo, que, por otra parte, debe incluir ahora la implacable acción de la Justicia contra los piratas encarcelados en España y contra el resto de autores del secuestro, que deberán ser perseguidos con todas sus consecuencias.
Que el presidente Zapatero se felicite del resultado de las negociaciones y de la liberación de los marineros españoles es razonable, pero sus palabras son insuficientes y le obligan a explicar lo ocurrido en los pasados 47 días del secuestro, y quién y cómo ha pagado el rescate de los 2,3 millones de euros. Todo esto que, por otra parte, fue acompañado en principio por un «estado de necesidad» y obligó a actuaciones aceleradas del juez del caso que ahora deberán volver a la normalidad procesal.
Para evitar la toma de decisiones políticas importantes sobre los errores que el Gobierno ha cometido en todo el proceso, el presidente Zapatero declaró ayer su agradecimiento a los partidos políticos, y especialmente al PP, por su colaboración y silencio en los dramáticos días finales de todo el proceso negociador con los piratas, pero acabado el problema el Partido Popular va a pedir al Gobierno, y con razón, explicaciones y responsabilidades. Las que no pueden quedar en la frase de «asumimos la responsabilidad» si no hay de por medio explicaciones detalladas y ceses políticos de envergadura como los que afectan directamente tanto a la vicepresidenta primera del Gobierno, De la Vega, como a la ministra de Defensa, Chacón.
Responsabilidades y errores que afectan, como declaró ayer la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Sáenz de Santamaría, a la clara falta de previsión y de las medidas preventivas para evitar los secuestros, como a la caótica gestión de la crisis y de la negociación con los piratas, dejando en pañales la dignidad del Estado español y el Estado de Derecho, por culpa de un gravísimo error de cálculo, como fue el de trasladar a España a los dos piratas capturados, sobre los que, al parecer, se dice que existe algún tipo de compromiso del Gobierno español para poder garantizar su regreso a Somalia después de ser juzgados. Un pretendido compromiso político que carecería de la menor legalidad y por tanto de imposible cumplimiento si fuera cierto, en la hora actual.
Y a no perder de vista en todo ello la descoordinación y el enfrentamiento entre los miembros del Gobierno, y entre el Ejecutivo y los responsables del poder judicial sobre todo lo ocurrido. De ahí que Zapatero está obligado a imponer el cese de los altos responsables del Gobierno que estuvieron al frente del llamado gabinete de crisis del Alakrana, empezando por De la Vega, que debería presentar la dimisión y que ayer intentaba escurrir el bulto de su clara responsabilidad.
Pablo Sebastián