Antes incluso de que el atunero Alakrana haya llegado a su base de Puerto Victoria, en las islas Seychelles, desde donde un avión de la Fuerza Aérea trasladará a sus tripulantes a España, ha comenzado una auténtica ofensiva de la oposición para pedir responsabilidades políticas por el secuestro ante la «pésima actuación» del Gobierno, la soberbia y la falta de coordinación en lo que no ha sido, según el lenguaje oficial, una «liberación» sino una cesión ante los piratas, a los que, además, se les habría ofrecido unas garantías judiciales que sería escandaloso cumplir.
Después del rifirrafe parlamentario en la sesión de control, donde la vicepresidenta ha acusado al Partido Popular de ponerse al lado de los piratas (expresión sólo atribuible al estado de tensión en el que se halla María Teresa Fernández de la Vega), este jueves vuelve a debatirse en el Parlamento sobre la seguridad de los atuneros españoles y sobre la necesidad de protección de las Fuerzas Armadas y no de mercenarios, tal como ha decidido el Ministerio de Defensa.
El Partido Popular, que está negociando con la totalidad de los partidos de la oposición, pedirá próximamente la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, de la ministra de Defensa y del ministro de Justicia, responsables del embrollo administrativo, de la estrategia militar y judicial que ha llegado a complicar el caso hasta unos extremos impropios de un país que es la décima potencia industrial del mundo y que ha terminado, por el momento, con el fracaso de persecución de los secuestradores a pesar de los sofisticados medios con los que cuenta en la zona la Armada, en una operación que Mariano Rajoy ha calificado de «chapuza».
Porque, sin duda, si «chapuza» es el traslado a España de dos de los piratas que han sido elementos claves de las negociaciones, y «chapuza» sigue siendo, sabiendo incluso por los periódicos que la liberación podía ser inmediata (primera página del diario El Mundo del martes), que no se haya podido detener y perseguir hasta tierra a los secuestradores con el rescate, como en su momento hicieron los franceses (que han estado en estrecha colaboración con los españoles durante toda la operación) en un secuestro similar, deteniéndolos y recuperando el dinero.
Quizás por eso, y para hacer frente a esas acusaciones, a primeras horas de la tarde el Ministerio de Defensa anunciaba una rueda de prensa del JEMAD. Ante una ministra de Defensa vestida de negro, con cara de funeral, que parecía profundamente incómoda por las explicaciones del JEMAD, el militar encargado de las operaciones ha dado detalles que no se conocían, al tiempo que parte de la responsabilidad se transfería al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyo director, como se sabe, no fue nombrado por la ministra de Defensa, Carme Chacón, sino por la vicepresidenta, después de la fallida designación de Alberto Saiz por imposición de de la Vega… Según estas informaciones, en ningún momento tres de los tripulantes fueron trasladados a tierra como había informado el CNI. Además, según el capitán del barco, no se produjo ningún tipo de tiroteo entre la fragata española y los piratas que huían con el rescate.
Todo un espectáculo que tendrá que explicar, tarde o temprano, no sólo la vicepresidenta del Gobierno, como coordinadora del gabinete de crisis, sino el propio presidente del Gobierno, que en toda esta larga crisis ha aparecido y desaparecido en función de las circunstancias y del momento político.
Aunque el Gobierno sigue refugiándose en la prudencia, en el sentido de la responsabilidad y, por último, en la seguridad del Estado, tarde o temprano irán saliendo a la opinión pública todos los datos de una operación de liberación que no ha sido tan exitosa como quiere vender el Ejecutivo y que, al final, por lo que se sabe hasta ahora, ha afectado al prestigio internacional de España como país.
José Oneto