El Tribunal Constitucional está atrapado en sus propias contradicciones, de las que son responsables sus ilustres miembros, pero también quienes les nombraron y el entorno político general, que no deja de presionarlos. El Constitucional necesita prestigio como los peces agua y los pájaros el viento. Pero daña su reputación con deméritos propios y ajenos.
Desde hace tres años deshoja la patata caliente del Estatuto de Cataluña y su dudosa constitucionalidad. Todos han ido demasiado lejos en este asunto, quienes propusieron ese texto, quienes lo asumieron sin analizarlo ni medir las consecuencias, buscadas y no buscadas, y quienes lo han aprobado con oportunismo o con la tesis del mal menor.
Al final la carga recae sobre el Constitucional, que, de paso, ha sufrido desgarros internos que sitúan a los diez miembros con voto ante dilemas que les resultan insuperables. Hagan lo que hagan estará mal, para unos u otros, y tendrá consecuencias negativas para casi todos, sólo los enredadores y alborotadores se van a alegrar.
Pretender que el Constitucional no puede enmendar lo aprobado por los parlamentos y por un referéndum es no entender los papeles asignados por la Constitución. Pretender que el Constitucional está descalificado por sus sesgos partidistas es meterse en un avispero incierto y peligroso.
El retraso de años en esta sentencia (y en otras) gira en contra del Tribunal, contribuye a presuponer conductas equivocadas y provoca cartas como la del magistrado Aragón a El País del lunes, exigiendo un respeto que merece pero que quizá los magistrados no se han ganado. El profesor Aragón debe maldecir el día y la hora en la que el presidente Zapatero le convocó a este cargo.
Miquel Roca aludía en su último artículo en La Vanguardia a la lealtad poniéndola entre interrogantes. Una reflexión pertinente: en este asunto sobran ligerezas y lealtades, traicionados y alguna cobardía.
El Constitucional está a la intemperie, desnudo y a la suerte de los vientos exteriores. Los jefes políticos deberían ocuparse de devolver al Tribunal a su sitio, sin ventajismo partidista. Pero no lo hacen porque pretenden manipular, sacar ventaja. Ése es el problema, tanto o más que la propia inepcia de los magistrados que no son capaces de salir del laberinto. Un camino sería que los de mandato vencido hace dos años dimitan de verdad, aunque sólo fuera para forzar una renovación que impide la baja política. Cualquier sentencia sobre el Estatuto será polémica, pero lo peor es esta impotencia de no pronunciarse que produce todos las males previsibles y ningún bien. Y de paso arruina la reputación del Tribunal y del propio orden institucional.
Fernando González Urbaneja