Una dudosa expectativa pretende hacer creer que el Estatuto de Cataluña, recurrido pero en vigor, y cumpliendo años, puede perder una considerable parte de su contenido soberanista cuando un día de éstos, que nadie sabe cuándo será, el Tribunal Constitucional salga de su inercia y emita el fallo sobre el famoso recurso interpuesto por el Partido Popular y por el Defensor del Pueblo. Mientras tanto sigue produciéndose en la práctica una situación de bilateralidad entre España y Cataluña (cada día menos parte de España en el terreno de los hechos). Acaba de nacer el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, es decir, el Tribunal Constitucional paralelo que esa Comunidad se regala a sí misma mediante un referéndum autonómico en el que sólo votó afirmativamente alrededor de un 20 por ciento de su censo electoral.
A la vista de esa iniciativa catalana, forzoso resulta volver la mirada hacia aquella entrevista que el presidente ZP y el líder nacionalista Mas celebraron en la Moncloa bajo el signo de una capitulación del primero a la hora de avalar de antemano lo que el Parlament y el poble catalá decidieran respecto a la «Carta» hoy conocida como Estatut. Una palabra empeñada, un compromiso de muy difícil enmienda, por no decir imposible; tanto que si el contenido del Estatuto pierde su naturaleza actual en el TC (español) proporciona al nacionalismo catalán una batería de argumentos para organizar la gran desobediencia institucional, o sencillamente la rebelión contra la legalidad superior que los españoles se dieron a sí mismos en 1978.
A la luz de estas circunstancias es difícil que Zapatero, juramentado con Artur Mas en el marco de la Moncloa, eluda perder históricamente la cara, tanto si el Estatuto sale adelante tal como está como si pierde conflictivamente en el TC la sustancia fundamental de su contenido independentista. Frente a la Nación española, la Nación catalana, y si vamos al articulado recurrido, sobrarán referencias para mantener esta triste realidad.
Cualquier ciudadano que lo desee puede tomarse la molestia de leer o releer el contenido del artículo octavo de la Constitución (la española, claro), cuyo tenor literal es el siguiente: «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».
Cabe preguntarse qué sentido conserva este solemne precepto constitucional frente a la bilateralidad que Cataluña acaba de adjudicarse, con su Consejo de Garantías Estatutarias, en sus relaciones con el allí llamado Estado, que nosotros preferimos llamar España. Quienes reclaman una reforma de la llamada Carta Magna, ya no tan magna, se dotan de plena razón y hasta merecen un premio de sentido común y al respeto de la lógica.
A un general apellidado Mena, ex responsable militar de la España meridional, se le ocurrió hace unos pocos años, con ocasión de una fecha patriótica, recordar desde Sevilla el sentido y la vigencia del citado artículo. No hace falta recordar, salvo que la memoria mayoritaria haya naufragado en este país amnésico que habitamos o poblamos, la destitución del general Mena tras su ejercicio memorístico. Y como no es cosa de requerir de las Fuerzas Armadas la observancia efectiva de la Constitución, salvo que nos enredemos en un conflicto teóricamente superado tras una guerra civil, lo normal es abogar por una reforma constitucional que nos ahorre a los españoles, y a los catalanes que como españoles se consideren, el bochorno de que la Constitución haya quedado mutilada en uno de sus fundamentales preceptos, precisamente incluido nada menos que en el título preliminar de la Carta Magna. Es decir, el apartado que define solemnemente lo que España debe ser en su configuración nacional. Ya los independentistas catalanes (no cabe llamarles de otro modo) eligieron o han elegido que el concepto de Nación (catalana por supuesto) figure en el preámbulo definitorio de su Constitución paralela.
Lorenzo Contreras