El presidente del Gobierno ha tenido que salir en defensa de su vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y de su ministra de Defensa, Carme Chacón, que han tenido que comparecer en el Parlamento para explicar el secuestro del atunero vasco Alakrana y ha calificado sus intervenciones de «muy buena y fenomenal», cuando ninguna de las dos han aportado ningún dato nuevo sobre una crisis que ha supuesto un notable desgaste político para el Gobierno, hasta el punto que más de la mitad de la población, según las encuestas, creen que éste no ha estado a la altura de las circunstancias y que, además, ha faltado coordinación en el «gabinete de crisis» que tenía su sede en el Palacio de la Moncloa.
Horas después de la intervención de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que se ha negado a hacer ningún tipo de autocrítica y que, sin apenas inmutarse, afirmó que todo el Gobierno estaba satisfecho por una liberación que ha sido un «éxito», y de la Ministra de Defensa, Carme Chacón, que no aclaró ninguna de las contradicciones de las numerosas versiones oficiales del operativo militar, el presidente del Gobierno ha acudido en defensa de sus ministras para negar la evidencia: las disensiones que se han producido dentro del Ejecutivo, especialmente dentro del gabinete de crisis, entre la vicepresidenta y la ministra de Defensa.
Sólo había que contemplar los rostros de cada una, en las distintas intervenciones en la larga sesión de control del Parlamento, para hacer una inevitable lectura política, que tiene poco que ver con las declaraciones presidenciales a los periodistas a bordo del avión que se dirigía desde Arabia Saudí a Atenas.
Enrocadas las dos ministras en las primeras versiones oficiales y en el papel de «narradoras», como si leyesen una novela de piratas de Salgari (según afortunada expresión de la portavoz popular Soraya Sáenz de Santamaría), ni la vicepresidenta ni la ministra de Defensa han aclarado las numerosas incógnitas y contradicciones de cuarenta y siete días de secuestro, refugiándose en la seguridad del Estado y en la responsabilidad que tienen ante los servicios de inteligencia.
No han explicado por qué los dos piratas que esperan juicio en la Audiencia Nacional fueron trasladados a España y no a Kenia como establece el protocolo de la ‘operación Atalanta’. No han querido hablar del rescate que, a estas culturas, no se sabe si fue pagado o no por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), aunque el ministro de Justicia insiste que «España, como país, no paga». No han dicho nada de la marginación en la que han estado las familias de los secuestrados durante el primer mes del secuestro, sin recibir ningún tipo de información. No han querido dar detalles de por qué se ha dejado huir a todos los secuestradores a pesar de la enorme superioridad de la Armada, que tenía órdenes de no causar ningún daño a los piratas que huían con el dinero del rescate. Han guardado un absoluto silencio sobre las actividades de los servicios de inteligencia, el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), a la espera de la comparecencia de su director, el general Félix Sanz Roldán, en la Comisión de Secretos Oficiales, que hoy ha tenido que negar la información de que agentes del Centro fueron engañados por un falso representante del Gobierno somalí que dio información errónea sobre el lugar en el que estaban tres de los tripulantes del barco, que, en una maniobra de distracción de los piratas, hicieron creer a todos que habían sido trasladados a una aldea en la que se hacía fuerte el clan de los piratas, y por la que el supuesto informante percibió un millón de dólares de recompensa.
En fin, dos comparecencias que no han servido de nada, que han añadido más incógnitas de las que existían sobre el secuestro y sobre la liberación del barco secuestrado y que ha carecido de la menor autocrítica.
José Oneto