A medida que saltan las denuncias y entran en los juzgados se revela la gran verdad en la España democrática: la corrupción que afecta a los partidos políticos es transversal. La sucesión de casos deja en ridículo la pretensión de instigar al contrario con el «nuevo» asunto turbio.
En un mismo día saltaban varios casos de corrupción a la palestra. En Madrid se suspendía la declaración del ex calcalde de Majadahonda por el ‘caso Gürtel’, en Baleares dimitía el conseller de Turismo y en Santa Coloma de Gramanet la nueva imputación de cargos por el ‘caso Pretoria’ producían la «sorpresa» en el dirigente de CiU, Artur Mas.
En Madrid han corrido ríos de tinta por las filtraciones en el ‘caso Gürtel’, amén de acusaciones de irregularidades oficiales en el caso de las escuchas telefónicas. En Baleares, este mismo miércoles el PP denunciaba la «insostenible» situación institucional por los casos de corrupción. En Toledo, un ex senador socialista (Mario Mansilla) pedía la baja temporal de militancia hasta aclararse la demanda de una inmobiliaria por presunta corrupción.
La sorpresa de Artur Mas debiera ser generalizada. Sorprende la agresividad con la que se combaten los partidos por el asunto de la corrupción. El corrupto siempre es el otro. Si en lugar de presentarse la denuncia de corrupción como arma arrojadiza se planteara como una batalla por la regeneración de la vida pública, otro gallo nos cantaría.
Tampoco se escapan los medios de comunicación, contaminados por estas tendencias. Sorprende, en este caso, el fervor con el que atacan unos casos y suavizan otros.
Tras largos tiempos de denuncias en una dirección (hubo otros tiempos, en los noventa, en los que los «corruptos» eran los otros), el fiscal general del Estado ha venido a poner orden: de los cargos públicos imputados por casos de corrupción, 264 atañen al PSOE y 200 al PP. Sería terrible que aún alguien siguiera diciendo «y tú más», como si fuera revelador que un puñado menos se ha salvado de la quema. Y mientras los grandes partidos (y los pequeños, que de todo hay) se tiran los trastos y rehúyen impulsar la transparencia y la inspección oficial en los casos de urbanismo, cabe decir que la mayoría de los cargos públicos son honrados servidores de la sociedad y del Estado.
Chelo Aparicio