La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, encarnó la trascendencia del momento, consciente de que su nombre no será uno más en la historia del intrincado debate sobre el Aborto, en una reforma que divide a la sociedad. Lo hizo desde la trinchera de la reivindición feminista, despertando viejas complicidades y emociones entre sus compañeras y compañeros de partido. Radiante, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, celebraba el momento con cara de emoción. Pese a la polémica abierta, Aído exhibió un temple sereno en el debate que ha salvado su primer trámite en el Congreso, y lo ha hizo con cierta solemnidad. «Abordamos la reforma porque ha sido demandada en su origen, meditada en su elaboración y equilibrada en sus términos alejado de dogmatismos e imposiciones morales» Enfundada en el cargo, anunció la disposición del Gobierno a consensuar el punto más polémico de la Ley del Aborto, la que otorgaba libertad a las menores de 16 años para abortar sin el consentimiento de los padres.
Rosa Díez, que presentó su enmienda a la totalidad, formuló un discurso compacto, sin rehuir el puzle de las contradicciones planteadas. «Es un problema moral, no legal o penal», dijo, y defendió que el proyecto de Ley mezcla supuestos y plazos y no contempla el consenso jurídico y científico necesario para dotar a una ley de plazos de mayor seguridad jurídica. «Cada persona es un dilema, y es una muestra de salud moral que la persona dude», expuso Díez al criticar un proyecto «intervencionista», que no ha logrado cohesionar.
La irrupción de la parlamentaria del PP, Sandra Moneo, en avanzado estado de gestación, dió un golpe de efecto en la tribuna. Sus palabras, sin embargo, eclipsaron la imagen. Moneo se empleó en la oposición al proyecto, porque «nada, absolutamente nada, justifica la ley del aborto de este Gobierno». En la réplica a la argumentación de la ministra, la parlamentaria popular le espetó que «ni una sola mujer está en la cárcel en España por aborto: ni una», una de las cuestiones esgrimidas por el Gobierno para la reforma de la Ley y para la protección jurídica de la mujer que decide abortar.
Le dijo al Gobierno que, incluso en los países en que está en vigor la ley de plazos, «se exige la concurrencia de razones justificadas», mientras se preguntaba por los derechos de los no natos. «Imponen el aborto libre en contra de la voluntad mayoritaria de la sociedad española», exclamó tras comparar esta reforma al tipo jurídico sobre el Aborto establecido «en los regímenes totalitarios de la Europa del Este». La bancada popular se puso en pié.
Cada portavoz lograba el fervor y la emoción de sus compañeras de grupo ante un asunto que suscita la máxima sensibilidad. Menos arropadas estuvieron Uxue Barkos (NaBai),Olaia Fernández (BNG),y Concepción Tarruella, pero suscitaron las mismas complicidades.
La convergente, pese a aflorar después en la votación distintas sensibilidades en su grupo (CiU) -uno votó a favor del Gobierno y otra se abstuvo-, exclamó que «para nosotros, el aborto no es un derecho», y puso de relieve la «falta de consenso» sobre este tema «en una España en plena crisis».
Tuvieron menos relieve en esta ocasión otros potentes discursos de parlamentarios como el de UPN, que tachó la reforma como «ilegítima e inconstitucional», el del PNV, que se mostró a favor de reformar la Ley pero no así, o el del propio Alonso, que llegó a decir a la ministra Aído que «cuando más se meten contigo, más grande se nos presenta tu figura», y otras frases como la de «tenemos la razón con mayúsculas, con todas las mayúsculas». Joan Tardá, de ERC, fué aún más expeditivo en su petición al Gobierno: «Les corresponde a ustedes parar los pies a la derecha y poner a la Iglesia en el lugar que les corresponde en una sociedad del siglo XXI». Para que, pues, emplearse en consensuar.
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Chelo Aparicio