Fue liberado el sábado el puente binacional General San Martín (que está al noroeste del Uruguay, frente a la planta de celulosa) por los piqueteros argentinos que lo cortaron hace cuatro años. Por sesenta días permanecerá abierto. Se llegó a esta decisión luego de una asamblea entre los piqueteros de Gualeguaychú, esperando que el monitoreo conjunto entre Uruguay y Argentina incluya controles en la planta de celulosa de UPM (ex Botnia), situada en Fray Bentos, Uruguay. 402 ambientalistas, como se autodenominan, votaron por su apertura, en agitada asamblea, y 315 se opusieron. Criticaron duramente a los gobiernos de ambos países.
Días atrás, y por tercera vez, la justicia argentina hizo saber al Poder Ejecutivo que el puente debía quedar libre. La presidenta Cristina Kirchner se ha opuesto siempre a tomar de fuerza contra los piqueteros, “porque no está en el ADN de su Gobierno”. La metáfora revela incapacidades pues todo Gobierno debería disponer de todas las condiciones legales que le lleven a cumplir su misión: nada menos que evitar que los violentos atenten contra la libertad de los ciudadanos.
Desde que se instaló en Uruguay la fábrica de celulosa finlandesa Botnia comenzaron las protestas de los piqueteros, hasta cerrar el puente. Luego el Gobierno argentino denunció la contaminación del río ante la Corte de La Haya. Finalmente, este Tribunal falló, señalando que la planta no contaminaba el río Uruguay y por tanto podía continuar trabajando, debiendo monitorear ambos países sus aguas. La presidenta argentina dijo de visita reciente en Uruguay, al presidente Mujica, que respetará el fallo de La Haya. Pero dijo que no utilizaría la fuerza contra los piqueteros. Y todo siguió como estaba el sábado. Cabe agregar que al atardecer de este día, abierto el puente, se habían registrado el cruce hacia Uruguay de 539 personas: 373 argentinos, 149 uruguayos, tres brasileños, dos alemanes, dos españoles, dos británicos, un chileno, un peruano, un paraguayo y un estadounidense.
Los piqueteros esperan que la prórroga permita que los gobiernos lleguen a un monitoreo conjunto del río Uruguay (como dice el fallo), pero además aspiran a ingresar a la propia planta de celulosa. El presidente de Uruguay, José Mujica, ha mostrado ambiguas tendencias al respecto, pero fuentes políticas y diplomáticas de Uruguay expresaron inquietud ante ello, por razones de soberanía. El senador del liberal Partido Nacional Sergio Abreu (ex canciller en el Gobierno del presidente Lacalle) dijo a El País de Montevideo que el monitoreo “debe ceñirse a lo que dice el fallo de La Haya y el estatuto del río Uruguay, que se refiere al régimen del río, a la calidad de las aguas y el perjuicio que se pueda ocasionar por determinadas actividades contaminantes”. Abreu ha dicho también que “no se puede ingresar a la fábrica, porque se deben respetar los derechos de la empresa, y, esencialmente, porque la planta está en el territorio uruguayo y la soberanía no se puede ceder”.
Mujica dio un paso más e invitó al Brasil al monitoreo del río Uruguay en forma conjunta con Uruguay y Argentina. El hecho coincidió con la renuncia del canciller argentino Taiana, ya sustituido, y Uruguay espera que no retrase las negociaciones. Y como decimos cada vez que describimos el panorama desde el puente: veremos qué ocurre mañana.
Rubén Loza Aguerrebere