Cuando una asamblea de 4.000 trabajadores en situación de estabilidad laboral decide por unanimidad realizar una huelga total en Metro Madrid, sin los servicios mínimos exigidos, su decisión es un chantaje a la sociedad. Cuando el portavoz del comité de huelga advierte de que «por la experiencia que tengo en la empresa, más de 27 años, puedo decir que siempre que los trabajadores de Metro han iniciado una movilización sindical, han llegado hasta sus últimas consecuencias y esta vez no va a ser diferente», suena a chantaje. Desde luego, nada parecido a lo que acaece en otros centros de trabajo en nuestro país.
El portavoz del comité de huelga conversaba amable con los internautas de un medio digital -para el que posaba apacible después- y vaticinaba que el final “no parece aún cercano”, mientras ya se anunciaba que la paralización del metro continuará este miércoles. En la calle, los más de dos millones de ciudadanos afrontarán la nueva jornada como puedan.
Dicen los sindicatos de Metro Madrid que el decreto por el que la Comunidad de Madrid pretende aplicarles la reducción del sueldo en virtud del Decreto Ley del Gobierno del 20 de mayo pasado -un 5% de media, aunque en su caso la reducción se planteó en un 2,5%- excluye a los trabajadores públicos de las empresas mercantiles sujetas a negociación colectiva, como es el caso de la EMT, Renfe, RTVE, AENA, Metro de Barcelona y Metro de Bilbao, entre otros. En definitiva, añaden, “no somos funcionarios y por lo tanto no estamos sometidos a los decretos de la Comunidad”.
Si tenían derecho a la protesta -aunque sonara insolidaria con el resto de empleados públicos, en primer lugar, y con los parados, en última instancia-, perdieron la razón al desafiar a la empresa, al Gobierno y a los ciudadanos imposibilitando el tránsito como dueños de los trenes. Las condiciones de los asalariados de Metro Madrid superan a las del resto del colectivo de funcionarios de la región. Más del 90 por ciento de la plantilla tiene contrato indefinido y el último convenio establece un blindaje contra el despido. Su salario medio se sitúa por encima del conjunto de los trabajadores de España.
Contrasta esta actitud de los trabajadores de Metro Madrid, avalados por todos los sindicatos, con la de los funcionarios públicos, que apenas siguieron la huelga del 8 de junio, seguramente no porque estuvieran felices con el recorte de sus retribuciones sino en un generoso gesto de solidaridad con los parados y con los trabajadores de la empresa privada.
“Somos conscientes del daño que estamos haciendo (…), pero a la vez queremos que los demás trabajadores entiendan que vamos a defender nuestros derechos a capa y espada”, decía el portavoz del comité de huelga.
Ninguno de ellos veía peligrar su empleo, y todos conocen el desboque del paro que ya afecta a más de cuatro millones y medio de españoles. Cabría preguntarse si su quebranto les haría igualmente comprensivos hacia las protestas de otros empleados públicos que decidieran reclamar también “a capa y espada” sus condiciones laborales, sin servicios mínimos, cuando precisaran la acción de un policía, de un basurero, de un profesor o de un médico. Pero seguro que entonces calificarían su actitud de chantaje intolerable.
Chelo Aparicio