Habrá que reconocer al PP -presentado oficialmente como el gran derrotado por la sentencia del Tribunal Constitucional- que, si es así, se lo ha tomado con deportividad, aceptando su contenido y pidiendo tranquilidad y concordia. El enfado y las reacciones extemporáneas están por otro lado. Para subrayar el supuesto fracaso del PP tras su recurso al Estatuto de Cataluña se hacen estos días cómputos de artículos avalados y rechazados y, vistas así las cosas, a lo mejor es cierto que el PP no ha conseguido lo que pretendía, mucho más si, como dijo José Montilla en su primera comparecencia, lo “fundamental” había sido confirmado. Qué gente tan formal y respetuosa con la sentencia esta del PP…
Sin embargo, el PSC convoca desde el Gobierno autónomo una manifestación y se mete en el berenjenal de solicitar la reconstrucción de los consensos, incluido el constitucional. Esquerra se niega al formalismo de acatar con disgusto una sentencia sobre un Estatuto que no apoyó y se prepara, al parecer, para iniciar el camino hacia la independencia. CiU, como si ya se hubiera recorrido el sendero y otra vez con la murga del pacto constitucional, adelanta que habrá que refundar las relaciones entre Cataluña y España. Pero el consenso y el pacto constitucional no es el ambiente acogedor y tolerante de una reunión de amigotes sino, precisamente, la Constitución, con su estructura jurídica, sus normas y procedimientos que todos aceptan. Incluso los discrepantes que aseguran (o aseguraban) respetarla y cumplirla hasta que, por los procedimientos establecidos, pudieran reformarla.
Lo que le ocurre al nacionalismo catalán -y a los socialistas empujados en esta maraña del Estatuto por el presidente Rodríguez Zapatero- es que no les gusta la Constitución y pensaban que, por la fuerza de los hechos y la debilidad del presidente, podían cambiarla con el Estatuto. La sentencia, en definitiva, dice que eso no es posible. Y, por ello, ahora no discuten el contenido concreto, no nos dicen por qué entienden que un artículo no avalado es realmente ajustado a la Carta Magna, sino que se ha vulnerado lo que el pueblo catalán decidió. No quieren, por tanto, reconstruir el pacto constitucional sino colar uno nuevo sin ajustarse a los procedimientos.
El papel del Tribunal Constitucional no es enmendar la plana a las instituciones democráticas, con o sin el trámite del referéndum. Tampoco es dar la última palabra a un grupo de magistrados. Es, por el contrario, una garantía de legalidad aceptada y ratificada por el sistema democrático. Y si lo que no gustan son las reglas, como es el caso, la última palabra vuelve a los ciudadanos y sus representantes mediante la correspondiente reforma de la Constitución. Deberían empezar a ocuparse de ello en vez de mostrarse, por un lado, hipócritamente ofendidos y, por otro, tan alejados en su argumentación, de los principios del Estado de Derecho democrático. Lo que rompe el pacto constitucional, que está cifrado en un texto, es lo que no se ajusta a éste. No tratar de imponer la ley.
Germán Yanke