La cuestión del aborto provocado no es ninguna bagatela. El debate, ante tan delicado asunto, ha sido bastante pobre porque pobre, para empezar, ha sido el punto de vista del Gobierno que ha querido convertir la consideración –también jurídica- de un drama en un derecho inopinado. La Ley del Aborto, presentada por el PSOE como un gran logro en un calendario de fracasos, tiene, a mi juicio, dos graves fallas que no van precisamente en la línea de una despenalización que ya estaba en vigor desde que se modificara, para ello, el Código Penal. La primera es convertir la despenalización de un delito, particularizada pero inspirada en el estado de necesidad, en un derecho que no sé que Carta o que consideración ética sustenta. Es tan acientífico eso de “disponer del propio cuerpo”, frasecilla que se ha repetido tanto, que no merece ningún crédito. Y, en segundo término, el sistema de plazos neutraliza lo que debería ser una obligación del Estado: si se entiende que hay un conflicto entre el derecho de la madre y el del hijo no nacido, el Estado no puede quedarse al margen acudiendo al automatismo y debe establecer condiciones generales y respuestas particulares.
La Ley, sin embargo, está aprobada y en vigor. Y también recurrida ante el Tribunal Constitucional. Me parece muy bien que el debate se mantenga y se profundice y que el PP haga de sus posiciones un instrumento de confrontación política y captación de votos. Argumentos no le faltarán, desde luego. Se puede aceptar, incluso, que, mientras sea posible (es decir, sin contradecir la ley), algunas comunidades autónomas, para mostrar su discrepancia, se acojan a los recovecos reglamentarios para desviar a otras regiones a las personas que quieran abortar. Aprovechan para ello la improvisación del Gobierno y la falta de acuerdos previos y mantienen clara su oposición, que me parece legítimo.
No ocurre lo mismo con algunas declaraciones, como por ejemplo las del presidente de Murcia, luego matizadas por su Consejería de Sanidad. Un representante del Estado, como es un presidente autonómico, no puede decir que una ley en vigor no tiene por qué ser aplicada mientras esté recurrida ante el Tribunal Constitucional. Ni incluso porque se esté a la espera de si este, en función de las alegaciones presentadas, establezca sus suspensión hasta la sentencia definitiva. El PP, como partido, ha asegurado que la Ley, guste o no, está en vigor, pero algunos de sus dirigentes deberían tener cuidado en el modo de presentar su enfado ante la opinión pública. No se trata, claro está, de callar lo que se piensa, pero si de expresarlo sin vulnerar las reglas. Sobre todo las del Estado de Derecho.
Germán Yanke