Finalmente llegaron a un acuerdo el Uruguay y la Argentina para el monitoreo del río Uruguay, y fue rubricado en Buenos Aires por los presidente José Mujica y Cristina Fernández de Kirchner. Las excelentes relaciones entre ambos mandatarios han sido decisivas para arribar a este punto en un tema que, como se recordará, comenzó cuando la fábrica de celulosa ex/Botnia (UPM) decidió instalarse en el Uruguay (aunque pensó hacerlo del lado argentino originariamente); entonces, hace cuatro años, los piqueteros ambientalistas argentinos se opusieron a su construcción, y luego a que realizara su tarea. Desde entonces cortaron los puentes hacia Uruguay en Fray Bentos, sitio de la planta, alegando que la misma contamina del río Uruguay, lo que llevó a que este proceso terminara (por la Argentina) en el Tribunal Internacional de La Haya. El dictamen estableció finalmente que la fábrica no contamina el río, de acuerdo a las pruebas presentadas por la Argentina; que UPM puede continuar su trabajo; y señaló finalmente que el río Uruguay debe ser monitoreado, de manera conjunta, por ambos países.
Y este paso, ahora, ha sido dado. Los momentos más tensos tuvieron lugar en los pasados gobiernos de Kirchner y Tabaré Vázquez, pero, desde que asumió la esposa del ex presidente argentino y, luego, en Uruguay, el pasado 1º de marzo, José Mujica, las relaciones han cambiado notoriamente, y es evidente una sintonía diferente. De esta manera, firmaron ahora este acuerdo que, esperamos, pondrá fin al conflicto binacional. La clave radica en que los organismos especializados de uno y otro país actúen en los dos países bajo parámetros nacionales. El río Uruguay será analizado por sectores, habiéndose llegado a un acuerdo para que se comience el monitoreo donde está la empresa ex/Botnia (UPM) y la desembocadura del río Gualeguaychú, y posteriormente continuará con un lugar a elección de la parte uruguaya. A partir de entonces, seguirá así, alternativamente, en uno y otro país.
La idea central es la de que sean científicos vinculados a sectores universitarios y no como funcionarios de gobierno quienes monitoreen el río Uruguay. Este Comité Científico estará integrado por dos uruguayos y dos argentinos, a elección de cada país, y su tarea será la de monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus afluentes en el mencionado río. Estas acciones estarán a cargo de la DINAMA (Dirección DEL Medio Ambiente) y el Comité científico de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), utilizándose las normativas de CARU y la uruguaya cuando se trate de un monitoreo en la margen izquierda; en la margen derecha del río Uruguay, las acciones estarán a cargo de autoridades argentinas y la normativa de la CARU. Se estableció, entrando en otros detalles, que el número de ingresos anuales será de doce en cada establecimiento. La información que se obtenga (respetando los tiempos científicos) será pública. Los resultados del Comité Científico se elevarán por la CARU al Estado para instrumentar acciones que correspondan.
En el Uruguay los líderes políticos de la oposición mostraron su adhesión al destacar el lado positivo del acuerdo y respaldaron las actuaciones del mandatario José Mujica. Quienes no se encuentran conformes con el acuerdo de los gobiernos son los piqueteros argentinos que cortaron los puentes durante cuatro años largos, y cuyas acciones han suspendido ahora por sesenta días, amenazando con retomarlas a partir del 19 del mes en curso, pues, al parecer, su desmesura les ha llevado a la ilógica decisión (contraria al fallo final del Tribunal de La Haya) de que la fábrica de celulosa sea cerrada o mudada a otro lugar. Esperemos que impere la cordura. Como siempre, y ya es repetitivo en esta columna cuando de este tema hablamos, veremos qué ocurre en los días por venir.
Rubén Loza Aguerrebere