¿Cómo puede ser posible que tras 18 meses en el cargo, el Presidente Barack Obama no haya nombrado aún al director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la agencia federal encargada de hacer el seguimiento del tráfico ilegal de armas? Conocemos la respuesta. La administración y el Congreso tienen un miedo atroz al lobby de las armas.
Es el tipo de situación que te hace dudar de que la buena administración no se haya dado vacaciones: México se tambalea a causa de una insurgencia vinculada a la mafia del tráfico de drogas que se arma principalmente con armamento comprado en Estados Unidos; Arizona está tan asustada con la violencia de la droga entre otros peligros mexicanos imaginarios que su Legislatura promulga una ley anti-inmigrantes que una magistrada federal dice es inconstitucional.
Elegir al nuevo jefe de la Oficina para encabezar la lucha contra el comercio ilegal de armas sería un pequeño paso simbólico. Pero indicaría a los habitantes de México y Arizona por igual que la administración se moviliza para abordar estos problemas — y que está dispuesta a asumir cierto peligro político en el proceso. Pero no es año de biografías «Profiles in Courage». Cuando pregunté a la Casa Blanca por el puesto vacante en la Oficina, obtuve poco más que «sin comentarios».
«La ausencia de un director ha paralizado la capacidad de la Oficina de combatir agresivamente las mafias del tráfico de armas o las armerías corruptas y ha desmoralizado a sus agentes», escribe Paul Helmke, presidente de la Campaña Brady para la Prevención de la Violencia Armada, en una carta fechada el 10 junio dirigida a Obama. Casi dos meses más tarde, el puesto sigue vacante y no hay candidatos importantes.
Las cifras de los flujos de armamento con destino a México son genuinamente siniestras. De diciembre de 2006 hasta este pasado abril, el gobierno mexicano decomisó 31.946 armas ligeras y 41.093 armas de asalto automáticas. Del armamento que se pudo rastrear, alrededor del 80% procedía de Estados Unidos según el embajador mexicano Arturo Sarujan.
«La información de Inteligencia apunta que estas organizaciones criminales han encargado a sus infraestructuras de lavado de dinero, distribución y transporte adentrarse en Estados Unidos para adquirir munición y armas de fuego», advierte una declaración de la Oficina del año 2008. Existen alrededor de 7.000 armerías estadounidenses a 100 millas de la frontera mexicana.
Un reciente arsenal decomisado en Nuevo León, apenas superada la frontera desde Texas, ilustra los arsenales de los traficantes de drogas. El 11 mayo, tras una confrontación armada, el ejército mexicano decomisaba 124 rifles automáticos, 15 pistolas, tres proyectiles antitanque, más de 5.000 cargadores de municiones y 1.375 revistas de armas.
Terry Goddard, fiscal general de Arizona, ponía en peligro su carrera política para trabajar con la Oficina. Prometía a los funcionarios mexicanos en el año 2008 que trataría de desmantelar los canales de armamento. Y con la ayuda tanto de la Oficina como de las autoridades mexicanas, los fiscales de Goddard presentaron cargos criminales en mayo de 2008 contra una armería de Phoenix llamada «X-Caliber Guns», que supuestamente proporcionaba armamento utilizado por las mafias mexicanas.
El auto de acusación de Goddard afirma que X-Caliber había vendido más de 700 rifles AK-47 entre otro armamento letal a compradores de paja que planeaban transportarlo hasta los sindicatos mexicanos del crimen. «La parte importante de este caso es la cifra de armas que terminan en las escenas criminales en México», decía Goddard al iniciarse el juicio.
Pero según avanzaba, el caso de la X-Caliber demostró que con las débiles leyes de armas de Arizona, la imputación de un delito era casi imposible — incluso habiendo al parecer pruebas convincentes. El propietario de X-Caliber había vendido armas a agentes de la Oficina de Armas que iban de paisano después de que ellos le dijeran que tenían planes de revender las armas en México.
Un magistrado de Arizona desestimó el caso días después de abrirlo, al resolver que el propietario de la armería X-Caliber y los demás acusados no habían cometido ningún delito imputable. «No hay ninguna prueba de que alguna de las armas de fuego terminara en manos de algún poseedor prohibido», decía el juez.
¿Y qué recompensa obtuvo Goddard por sus esfuerzos por detener lo que la Oficina llama «un río de acero» de armas que entran en México? Tras desestimarse el caso, el propietario de la armería X-Caliber le demandó por daños. Goddard se presenta ahora a gobernador, desafiando la postura anti-inmigrantes de la Gobernadora Jan Brewer, pero las encuestas recientes le sitúan en un distante segundo puesto, alrededor de 20 puntos por detrás al menos.
La opinión política generalizada en América, que la administración Obama suscribe evidentemente, es que es una locura desafiar al lobby de las armas. Cuando el Presidente de México Felipe Calderón se dirigió a una sesión conjunta del Congreso en mayo, sólo le faltó suplicar a los legisladores que ayudaran a detener la entrada de armas de asalto. Su llamamiento suscitó poco más que un gesto de indiferencia en Washington. Eso tendría que avergonzarnos. Pero lo peor es que esa inacción en estas cuestiones ha terminado pareciendo normal.
David Ignatius