Cataluña aprobó hace tres meses la ley de acogida e integración de inmigrantes hace tres meses contra la opinión del PP y Ciutadans. La idea es que los extranjeros tengan las mismas oportunidades para trabajar que los que se llamen Bofarull de apellido. Según la Generalitat, la mejor forma de que se integren es que puedan salvar el obstáculo de no saber catalán ni comprender cómo funcionan las leyes, el mercado laboral o las personas que les rodean.
El problema, y así lo ha visto la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, es que el catalán se designa como «la primera lengua de acogida». Dado que el Tribunal Constitucional ha dictado que eso de marcar lenguas preferentes no acaba de concordar con la Carta Magna, el recurso interpuesto ante esa misma instancia hace cuatro días ayudará a que los magistrados tengan su propio Día de la Marmota. Otro pequeño detalle para facilitar el ambiente: el alto tribunal también dictaminó en contra de que la Generalitat tenga competencias exclusivas en materia de acogida de extranjeros.
El impulsor de la iniciativa, José Domingo, defiende que es coherente con la sentencia del Estatut y que los inmigrantes no deben empezar por el catalán porque si luego se van a otra comunidad autónoma «se volverán locos». Domingo se olvida de que los que lleguen a expresarse con corrección en castellano y en catalán, en realidad tendrán más oportunidades. El problema está en que, mientras lo consiguen, puedan ser discriminados.
La consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, sostiene que todos los inmigrantes que empiezan por aprender catalán acaban sabiendo castellano. Pero que al revés no funciona igual la cosa. Hay algunas excepciones. ¿La más conocida? José Montilla, que sigue esforzándose por pulir su catalán. La reacción de uno de sus consellers de ERC, Joan Huguet, ha sido tildar de «falangista» al Defensor.
Luz Sanchis