Después de ocupar el puesto más relevante en el Gobierno de España, para un político debe ser difícil abandonar La Moncloa y dejar de tener expeditas las facultades que posibilita el cargo. Es una suposición, la impresión que causa en mi ánimo el recuerdo de algunas actuaciones empresariales y situaciones económicas de nuestros ex gobernantes, así como su reticencia a ingresar en el Consejo de Estado.
Considero que los compromisos de quien fuera jefe del Gobierno de España no prescriben jamás; por lo tanto, formar parte del supremo órgano consultivo del Gobierno debería ser una obligación y no una opción personal. Quizá convendría que fuese regulada la figura del ex presidente, sus funciones, compromisos e incompatibilidades, de la misma forma que se reglamentan los beneficios que percibirá de por vida.
El Consejo de Estado parece no importar en demasía a los ex gobernantes, pues estos no manifiestan su voluntad de incorporarse a la mencionada institución o rechazan la plaza de consejero nato para no entorpecer sus lucrativas actividades empresariales: teniendo en cuenta la información privilegiada a la que accedieron durante su gestión presidencial, parten con ventaja para elaborar el más fructífero de sus futuros.
Disponen de una serie de prerrogativas, con carácter vitalicio, tales como sueldo, secretario, asesor y seguridad privada. ¿No podemos o debemos esperar más de ellos y desear que se regulen sus competencias? ¿No sería un honor irrenunciable continuar trabajando en favor de España en el Consejo de Estado o en cualquier otro organismo o comité que se crease para asesorar al Gobierno?
Las mercedes de las que disfrutan son sufragadas mediante el dinero de los ciudadanos, ¿por qué no rentabilizamos mejor nuestras inversiones? En el mundo empresarial es importante saber gestionar el talento, cualquier gran compañía trataría de impedir la fuga del llamado «capital humano»; no obstante, en esta sociedad denominada España, la experiencia y los conocimientos de los ex presidentes se desaprovechan.
Mariam Budia