La política sigue de lejos a internet. Las leyes no corren a la velocidad de los bits ni a las necesidades de la industria y los ciudadanos. Pero importan, y mucho. Sepultadas en la Ley de Economía Sostenible (LES) están la ley Sinde contra las descargas -denunciada por los internautas, la oposición y hasta el Consejo de Estado- y algunos grupos han recogido la iniciativa ciudadana a favor de la neutralidad de la red frente a los intentos de las operadoras de telecomunicaciones de crear una internet premium de pago con mayor control de los contenidos, servicios y el negocio digital.
Los derechos de los ciudadanos corren peligro de ser vapuleados por los intereses económicos y una visión estrecha de los internautas como consumidores. Parece que poco a poco se abren los ojos de algunos políticos y partidos, aunque habrá que esperar a la discusión de las enmiendas parciales a la LES para saber si el Parlamento es sensible a los nuevos derechos asociados a internet y a la sociedad de la información.
Mientras la ONU y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) promueven el acceso de banda ancha como un derecho civil básico, imprescindible para el desarrollo, aquí aún nos enredamos en la definición de un servicio universal de telecomunicaciones con acceso de un mega –por debajo de la mitad del estándar de la ITU de banda ancha- para 2011, una promesa del ministro de Industria, Miguel Sebastián, refrendada hace unos días por el Senado.
Una propuesta ya corta frente a los pioneros en declarar la banda ancha servicio universal –Suiza y Finlandia– y también respecto a los objetivos de la Comisión Europea para que todos los ciudadanos disfruten de al menos 30 megas en 2020. Para cumplir esos objetivos hay que darse prisa en aumentar la inversión en redes de nueva generación (NGA), fibra óptica y banda ancha móvil, romper las barreras a la competencia y reformar con decisión el servicio universal –los que las operadoras deben prestar a todos- para garantizar la banda ancha real.
Y junto a ella, la neutralidad de internet, tanto en red fija como en dispositivos móviles, en contra de los planes de las operadoras y los grandes de internet y la electrónica de consumo como Google o Apple.
La neutralidad de la red es uno de los principios fundamentales de internet. Hace iguales a todos los bits y evita la discriminación de contenidos o servicios por intereses comerciales o limitaciones de la libertad de creadores, desarrolladores, proveedores e internautas.
Coalición Canaria e Izquierda Unida han presentado sendas enmiendas a la LES para garantizar que «el tráfico de datos generado o recibido no sea bloqueado, interferido, discriminado, entorpecido, manipulado, modificado, desviado, priorizado o retrasado, en función del tipo de contenido, del protocolo, la aplicación utilizada, del origen o del destino de la comunicación, ni de cualquiera consideración ajena a la propia voluntad de los intervinientes en la comunicación».
Una barrera legal contra la comercialización restrictiva de internet por las nuevas plataformas digitales que se extienden en los paquetes de las operadoras, las aplicaciones en los móviles o el acceso a ciertos contenidos digitales a través de las televisiones conectadas a internet.
PP, IU-ICV y Esquerra han presentado enmiendas contra la ley Sinde para garantizar los derechos fundamentales –reiteradamente defendidos por los jueces en las sentencias sobre P2P y descargas-, acotar las causas de persecución de las infracciones, garantizar la autorización judicial y evitar el control de los lobbies sobre la futura Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.
¿Suficiente? Coalición Canaria cree que no y ha presentado dos enmiendas para garantizar el derecho de cita y los enlaces, además de proteger el uso libre y abierto de contenidos de dominio público.
Condiciones indispensables para el desarrollo digital que demuestran lo mal que se cerró la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006, con cortedad de miras y obediencia a los lobbies de la propiedad intelectual para imponer el canon digital. Hasta el punto de provocar cismas entre los ministerios de Industria y Cultura –y los sectores económicos que representan- que aún subsisten.
La clave es dejar de pensar sólo en la industria y los consumidores para proteger los derechos de los ciudadanos digitales. Una sociedad de la información que necesita acceso de mejor calidad y más barato a internet y los contenidos digitales, mayor oferta legal y competitiva, disponibilidad libre y abierta de los contenidos y servicios financiados con fondos públicos, protección de la copia privada, la cita y el enlace, y respeto a la condiciones de los ebooks y otros contenidos que ya no se compran, sino que se paga por leer o ver en determinados dispositivos y con limitaciones al préstamo privado o la copia entre diferentes aparatos de un mismo usuario.
España no debería perder la oportunidad de la economía y la cultura digital por la miopía legislativa y la pereza política.
Juan Varela