La Comisión Europea exige a España que no financie RTVE sin publicidad con la tasa a las telecomunicaciones. Un impuesto que ha empezado a cobrar hace unos días para recaudar 150 millones de euros, que se elevarán a 230 al acabar el año. El gobierno sabía que esta decisión llegaría. Y también que aunque defienda la nueva financiación en Bruselas, el modelo no es sostenible. Desde el sector y los reguladores se reclama la imposición de un canon para la televisión pública o una tasa sólo para los servicios audiovisuales, sin diferenciar entre pantallas en la era de la convergencia.
“Es un problema del gobierno que tendrá que defender ante Bruselas”, ha dicho esta misma tarde el presidente de RTVE, Alberto Oliart, en la comisión de control del Congreso. El ejecutivo ya ha anunciado que defenderá la tasa a las telecos y el diputado socialista Óscar López recordaba inmediatamente en esa comisión que se impone a las operadoras por su oferta de televisión de banda ancha y móvil.
Ahí está la clave. La Comisión entiende que son mercados distintos, a las telefónicas sólo se les puede cobrar por las telecomunicaciones. La Ley de Financiación de RTVE defiende que la pérdida de publicidad de la televisión pública beneficia a las televisiones de pago de las operadoras. Muchos se preguntan por qué se impone la tasa sobre el 0,9% de la facturación de las telefónicas en lugar de sólo por sus ingresos de televisión.
Europa coincide también con las críticas de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión de la Competencia al nuevo sistema, del que además están excluidos los operadores de cable y telefonía autonómicos, posibles pagadores de futuras tasas para financiar las televisiones autonómicas.
Crecen las dudas sobre la sostenibilidad de RTVE, denunciadas continuamente por los sindicatos. La caída de facturación de las televisiones de pago y de las telecos pone en duda las previsiones. Las telecos protestan además por las exigencias de inversión para las nuevas redes de banda ancha –indispensables para nuevos servicios audiovisuales- y se apresuran a pedir al Supremo que pare los pagos hasta que no se aclare el modelo.
Desde la CMT se ha propuesto la alternativa de un impuesto sobre el espacio radioeléctrico, lo que permitiría financiar la televisión pública con los beneficios del dividendo digital –las frecuencias liberadas por la digitalización- o adoptar un canon que aclare a los ciudadanos cuánto les cuesta la televisión pública. La patronal Uteca defiende la extensión de ese canon para financiar las teles autonómicas.
Otros insisten en que la nueva televisión está en todas las pantallas –televisores, ordenadores, móviles- y que la convergencia permite aplicar un impuesto a todos los proveedores de vídeo y televisión. Ampliar las tasas de la televisión convencional y de pago a los servicios de vídeo y televisión en internet como YouTube. La llamada tasa Google que las telefónicas también reclaman para ayudar a financiar sus redes. Una opción para un posible pacto del gobierno con telefónicas y televisiones bajo el paraguas de que en la era digital todo es televisión.
Mientras, los anunciantes se ofrecen a volver a esa TVE que echan tanto de menos tras los abusos de las privadas y la caída de la eficacia de la publicidad. El cajón de la televisión del despacho de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega continúa llenándose cuando la otra vice, Elena Salgado, acaba de entregar los Presupuestos del Estado al Congreso con los 1.200 millones de RTVE asegurados.
Juan Varela