La tragedia del Sahara es múltiple. La colonia fue abandonada por España en medio de aquella estrafalaria pero eficaz Marcha Verde y lo hizo, como hemos sabido, con la anuencia, la bendición y hasta el impulso de la diplomacia norteamericana. El hecho de que, no por defensa de las libertades sino por supervivencia del régimen, Marruecos suponga una contención a la extensión del islamismo es utilizado por Rabat para conseguir el apoyo occidental –que de paso faculita negocios- en contra de los derechos de los ciudadanos de ese país y de las pretensiones de autodeterminación del Sahara. Las resoluciones de la ONU sobre esta materia se incumplen reiteradamente pero, a pesar del trabajo de algunos funcionarios y representantes de Naciones Unidas, no encuentran el respaldo de los países del Consejo de Seguridad que, en todo caso, hacen retóricos llamamientos a un imposible acuerdo. Marruecos considera suyos esos territorios ocupados y nadie, en realidad mueve un dedo. Allí, para desgracia de los saharauis, reina la represión y la pobreza. Lo que está ocurriendo ahora, con una represión brutal, conmueve a los españoles, por las especiales y largas relaciones, pero no consigue, en el mejor de los casos, un par de párrafos en los principales periódicos del mundo.
Todo esto es una tragedia, no hay duda, para sus ciudadanos y para el Derecho Internacional. No hay que olvidar que Cristopher Ross, representante para el asunto del Sahara del secretario general de la ONU, elaboró este mismo año un informe confidencial en el que, sin ocultar las dificultades de ambas partes (Marruecos y Polisario), señalaba que este último había elaborado una propuesta para una “genuina” negociación que Rabat había declinado considerar y ponía en el meollo de la cuestión los derechos humanos. Hemos visto en qué ha quedado y como las versiones de Marruecos –como la que ahora nos traslada el Gobierno español- no aportan ni la necesaria credibilidad ni datos sustentados en investigaciones serias y mucho menos independientes de la clara intención del Gobierno de Rabat de aniquilar al Polisario y consolidar el dominio del territorio.
Todo ello revela, desde el punto de vista de España, que el asunto no es fácil, pero también que el asunto de los derechos humanos y de las libertades (vulnerado ahora directamente y afectando también a ciudadanos españoles) no puede ser soslayado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con una retórica que trata de disimular el desistimiento. Lo de menos es, aunque sea triste y llamativo, el desconcierto que nuestro Gobierno no logra, ciertamente, ocultar. Lo importante es la responsabilidad de España, sobre los acontecimientos recientes y sobre la cuestión de la autodeterminación y el Derecho Internacional que no compete directamente como antigua metrópoli. No se trata de pedir milagros, pero sí una cuota de dignidad –de dignidad diplomática también- que se está yendo a velocidad escandalosa por el sumidero.
Germán Yanke